Tucson (EE.UU).- La cantidad de inmigrantes que buscan regularizar su estatus migratorio se ha incrementado en Arizona tras la aprobación de la ley estatal SB 1070 que criminaliza la inmigración indocumentada.
"Desde que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley SB 1070, las visitas a mi oficina han aumentado en un 40 por ciento", dijo a Efe Claudia Arévalo, abogada de inmigración en Tucson, ciudad ubicada en el sur del estado.
Según la abogada, los inmigrantes tratan de averiguar la manera de que sus hermanos o hermanas, esposos o esposas que son ciudadanos o residentes legales puedan solicitar la residencia legal para ellos.
"Tienen la esperanza que por lo menos al tener un papel que demuestre que están tramitando sus documentos, la Policía no cuestione su estatus migratorio", dijo Arévalo.
Explicó que el actual sistema migratorio es demasiado complejo, por lo que las posibilidades de ajuste migratorio de cada persona dependen de muchos factores.
"Hay residentes legales que tienen hermanos mayores de 21 años, a quienes después de la SB 1070 están tratando de presentar una solicitud de residencia para ellos aunque saben que el tiempo de espera podría ser de muchísimos años", dijo la abogada.
"Tenemos muchos clientes que quieren hacer algo, presentar peticiones o algunos que simplemente quieren que yo los conozca y tenga sus nombres y su información en caso de que sean detenidos por la policía y enviados a Inmigración", señaló.
Esa norma, que entrará en vigor el próximo 29 de julio, penaliza a los extranjeros que no porten sus documentos migratorios al momento de ser requeridos por las autoridades locales, también prohíbe solicitar empleo en las calles y penaliza a las personas que transporten inmigrantes indocumentados, así se trate de familiares.
Además, otorga el poder a las agencias del orden locales de cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen que se encuentra de manera ilegal en el país.
En opinión de la abogada de inmigración, si algo positivo ha surgido de la aprobación de la SB 1070 es el interés entre la comunidad inmigrante por saber más sobre sus derechos, sobre todo, el de no firmar nada que no entiendan y contactar a sus consulados.
El mayor temor de Arévalo es que ante la desesperación que existe entre la comunidad inmigrante, personas sin escrúpulos se aprovechen de su necesidad.
"A veces la gente no quiere aceptar que desafortunadamente no hay forma de que puedan regular su estatus migratorio y acuden con personas que les dan falsas esperanzas y solamente pierden su dinero", afirmó.
Juan Ramírez, de 29 años, inmigrante mexicano del estado de Sonora, obtuvo la residencia legal hace cuatro años cuando se casó con una ciudadana de Estados Unidos.
A pesar de que reconoce que no domina bien el inglés, Ramírez ha iniciado los trámites para hacerse ciudadano de este país, con la esperanza de legalizar a sus padres.
"Yo soy el único de mi familia que tengo ‘papeles’, si la 1070 entra en vigor mis padres y mis hermanos se van a ir", dijo.
Otra persona que también ha visto un incremento en el número de inmigrantes que solicitan ayuda legal es la profesora Lynn Marcus, co-directora de una clínica de inmigración de la Universidad de Arizona (UA).
"Nosotros trabajamos constantemente con las familias inmigrantes en los centros de detenciones, asistiendo en casos de deportación", dijo a Efe.
Indicó que en caso de que la SB 1070 entre en vigor, su preocupación es que más personas terminen en estos centros porque llevan muchos años viviendo en EE.UU. y tratarán de luchar por quedarse en este país.
"Es difícil escuchar a la gente que critica la inmigración ilegal decir que los indocumentados deben regresar a su país y ponerse en línea, la verdad es que no existe ninguna línea, nadie es un indocumentado por gusto", finalizó.
