El Juez de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, minimizó este viernes los reglamos de fraudes e impugnaciones que han realizados candidatos a cargos congresuales y municipales, luego del proceso electoral.
Olivares reconoció que en la JCE ha habido reglamos y impugnaciones, pero dijo que es normal que en un proceso electoral como este, donde en la República Dominicana ha prevalecido o por muchos años una cultura del fraude electivo y que se manifiesta en actividades internas de los propios partidos.
Los actores del procesos han presentado sus quejas y nosotros como órgano rector hemos atendido esas quejas y hemos dado fallo final sobre cualquier tipo que irregularidad que se haya producido”, precisó
También defendió la calidad de la boleta utilizada en la contienda dijo que lo que hubo fue une exceso de calidad es la misma mas calidad que se ha hecho en toda América en un proceso
No obstante dijo que en la contienda quedó claramente expresada la voluntad del elector ya que no hubo ningún caso que fuera afectado por la boleta y tampoco nadie ha reclamado en ese sentido.
Sostuvo que en el país se entiende esa cultura de fraude es una virtud, por lo que dijo los partidos necesitan que las convenciones en las primarias internas le sean organizadas por la JCE por y un arbitro independiente porque ellos mismo no ofrecen la credibilidad necesaria para organizar su propio proceso debido a los fraudes.
A juicio del magistrado esa cultura de fraude hay que detenerla y vencerlas ya que los partidos políticos tienen expertos preparando fraude y tienen prácticos antifraude lo indica que ciertamente es una situación que prevalece en la cultura dominicana y que hay que superarla.
Sobre la compra de cédula
Olivares dijo que el código penal del país establece desde 1877 que la compra de este documento es un delito político e instaura la condena penal, el reglamento indica en uno de sus artículos; que la persona que pierda sus derechos políticos será durante cuatro años sin ocupar cualquier cargo público.
Indicó que esa medina no es efectiva ya que la situación que se presenta en este tipo de denuncia, es que el problema es probar cuando un individuo comete el delito de comprar o vender de la identificación personal que violación dicho reglamento.
Afirmó que la junta central electoral no es la responsable de perseguir el delito de la compra y venta de la identificación electoral, sino, que es responsabilidad del Ministerio Público, el organismo correspondiente de someter a la justicia dicho violación a la ley electoral.
