Las sanciones contenidas en la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información, y que incluyen privación de la libertad, al parecer no aplican para los ministros del Gobierno, quienes de forma descarada no rinden cuentas del manejo financiero en sus oficinas públicas.
Una investigación reciente publicada por DominicananosHoy.com da cuenta de que prácticamente todas las instituciones del Estado hacen caso omiso a lo establecido en la Ley 200-04, inclusive la Presidencia de la República.
Las sanciones son para funcionarios que por una u otra causa nieguen las informaciones requeridas por los solicitantes. La garantía de esta disposición establecida en la Ley, se basa en que el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
El artículo 30 de la Ley 200-04 reza: “El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”.
La Ley manda que las instituciones del Estado incorporen al Internet o cualquier otro sistema similar informaciones actualizadas sobre manejo financiero y de otras índoles, a la cual los ciudadanos puedan accesar.
No obstante, son muy pocas las instituciones estatales que facilitan información sobre su ejecutoria presupuestaria, y las que ofrecen algún tipo de facilidad lo hacen de forma muy limitada. La investigación implica
De una forma u otra actualmente violan la Ley, además de la Presidencia, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Ética y la Procuraduría General de la República.
También el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior y Policía, el Senado de la República y el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas (FFAA), la Dirección General de Pasaporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones.
Además, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Centro de Exportación e Inversión, el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), el Archivo General de la Nación y la Oficina Nacional de Meteorología.
