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PC colabora con Fiscalía en manejo de casos judiciales

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Participación Ciudadana y la Fiscalía de Santiago firmaron un acuerdo de cooperación en el que se comprometieron a desarrollar iniciativas para preservar y defender los Derechos y Seguridad Ciudadana.

El convenio fue firmado por la fiscal de Santiago, Yenny Berenice Reinoso; el coordinador general de PC, Santiago Sosa y el encargado de las Casas Comunitarias de Justicia y el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de PC, José Ceballos.

Ambos organismos también se comprometieron a crear mecanismos para la solución alternativa de conflictos que permitan la participación de mediadores comunitarios en la solución de sus diferencias sociales.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, indicó que para prevenir actos delictivos es necesaria la implementación de espacios de diálogos y consultas entre la fiscalía y la comunidad en zonas barriales a especificar.

Mientras que Yenni Berenice Reynoso, fiscal de Santiago, informó que para la ejecución de este acuerdo serán designados personal de ambas instituciones.

Reynoso asimismo destacó la labor realizada por la Casa Comunitaria de Justicia de PC de Santiago, alegando que la misma ha contribuido con el descongestionamiento de los casos judiciales que antes eran recibidos por la Fiscalía.

La Casa Comunitaria de Justicia de Santiago ha atendido a más de 14 mil personas en la mediación de conflictos, conciliación, asesoría legal, fiscalía, asistencia psicológica y educación ciudadana.

Mientras que José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia y del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción indicó que con esta labor se ahorra tiempo y dinero a la Fiscalía de Santiago y se contribuye a la cultura de paz en los sectores más empobrecidos.

Las Casas Comunitarias de Justicia de Santiago, La Vega y Herrera en Santo Domingo Oeste han atendido a más de 25 mil personas a pocos años de su creación.

Al final del convenio el Movimiento Cívico hizo un llamado a la población a presentar sus denuncias de casos menores en las Casas Comunitarias de Justicia de Participación Ciudadana. El acuerdo tendrá una duración de dos años.

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