La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó este jueves formal querella por ante la Procuraduría Fiscal de Samaná contra los dos ciudadanos dominicanos detenidos recientemente en altar mar por la Marina de Guerra, cuando intentaban introducir al país, de manera ilegal, un millón 269 mil 416 dólares.
Con ese propósito, la DGA elaboró un expediente, que presentó ante la referida procuraría fiscal, en el que acusa a los nombrados Ismael King Almeyda y Felipe Encarnación Paredes de violar el artículo 200, párrafo, de la Ley 3489, para el Régimen de las Aduanas.
Al presentar querella, Aduanas asume un papel activo en el proceso penal, participando con la misma aptitud procesal con que lo haría el ministerio público.
Asimismo, con su decisión de presentar la querella en referencia, reitera su determinación de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
King Almeyda y Encarnación Paredes fueron detenidos por la Marina de Guerra cuando viajaban en la embarcación “Dovian”, matrícula 0073AA, y fueron remolcados desde alta mar hasta el puerto de Samaná, donde oficiales de la DGA procedieron a requerir informaciones sobre la posesión de los dólares y al llenado del acta que establece la Ley 3489. El dinero fue hallado en una maleta y dos bultos.
La Dirección General de Aduanas remitió el pasado domingo por ante el magistrado procurador fiscal de Samaná a los detenidos, con el objetivo de que fueran sometidos por contrabando, con el acta de incautación y comiso del dinero, como lo indica la Ley 3489, a fin de que procediera a someterlos a la justicia por contrabando.
En vista de que el funcionario rehusó recibir a los detenidos con el alegato de que el dinero no le había sido enviado se procedió a ponerlos en libertad, a fin de no violentar lo que establece el Código Procesal Penal, en el sentido de que todo detenido debe ser presentado al ministerio público de inmediato.
Con la presentación de la querella Aduanas espera que la Procuraduría Fiscal de Samaná presente a los imputados ante el juez de la instrucción a los fines de solicitar las medidas de coerción, como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal.
