Phoenix.- Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos rechazaron hoy la aprobación de la ley estatal 1070 en Arizona, la primera en convertir en delito la presencia de indocumentados en el país.
Para Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, con su firma la gobernadora Jan Brewer "no sólo autorizó la violación de los derechos de millones de personas viviendo y trabajando aquí, sino también le dio a cada agencia policíaca en Arizona la orden de acosar cualquier persona que parezca o suene como extranjero".
Añadió que para evitar ser arrestados todos los ciudadanos, sin importar su estatus, e incluso extranjeros de visita en Arizona, tendrán que traer siempre consigo sus "papeles".
La ley 1070, que promulgó hoy Brewer, convierte en delito menor la presencia de indocumentados en el estado y otorga a los cuerpos policiales la facultad de cuestionar el estatus de una persona si existe una "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país.
También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos de policía, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.
"Obligar a la policía a exigir papeles de inmigración a las personas y arrestar aquellos que no pueden comprobar de inmediato su estatus no hará nada para hacer este estado más seguro", sostuvo Dan Pochoda, director legal de ACLU en Arizona, en el mismo comunicado.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor agrupación de hispanos del país, dijo que este es "un día triste" para el pueblo de Arizona y para todo el país.
Por su parte, Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano-Americano para la Educación y la Defensa Jurídica, advirtió de que la ley conducirá a Arizona a una "espiral de miedo, desconfianza comunitaria, aumento del crimen y de los litigios costosos".
Desde el pasado lunes, cuando la SB1070 fue aprobada por el Senado estatal, se llevaron a cabo manifestaciones en su contra en varias ciudades del estado.
Varias organizaciones realizaron una intensa campaña en contra de la medida con movilizaciones frente a la oficina de la gobernadora republicana, mientras políticos, religiosos, líderes comunitarios y estudiantes salieron a las calles para pedir el veto de Brewer, quien busca la reelección en los comicios de noviembre.
"Es un día muy triste para Arizona, un día muy triste para todos los latinos en los Estados Unidos", dijo a Efe Francisco Barraza, activista en la ciudad de Tucson.
Por su parte, el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL por su sigla en inglés) rechazó la medida asegurando que desperdicia los recursos del estado y representa una violación a los valores estadounidenses y a la Constitución.
