El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, comunicó este jueves que designó una comisión para investigas la agresión cometida contra el fiscal adjunto Ricardo Manuel Pérez Sterlin, quien formó parte del equipo de autoridades encargada de realizar el allanamiento y apresamiento de la prófuga Sobeida Feliz Morel.
“Hemos iniciado una investigación con relación al tiroteo de que fue víctima la residencia del fiscal, estamos a la espera de los resultados para en caso de que se logre determinar los responsables actuar y someterlos a la justicia”, expresó Jiménez Peña.
El procurador no reveló el nombre de los integrantes de la comisión que estará a cargo de la investigación, pero dijo estar a la espera de recibir en breve tiempo el informe con sus conclusiones.
Calificó de preocupante el hecho de que autoridades a cargo de investigan un hecho delictivo sean sometidas a presiones de cualquier índole, como lo ocurrido con el fiscal Pérez Sterlin. No obstante señaló que el Ministerio Público no puede amilanarse ni echar un paso atrás en lo que es la política de persecución de la criminalidad organizada y el crimen en sentido general.
En otro sentido, Jiménez Peña reveló que el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, se encuentra de visita en España donde ha sostenido encuentro con el fiscal general de esa nación, en torno al caso del Arturo del Tiempo Marques, sindicado por las autoridades al decomiso de 1, 200 kilos de cocaína incautada en dicho país.
El máximo representante del Ministerio Publico Por lo que rechazó la versión de que las investigaciones en torno al caso del Tiempo se encuentren estancadas. Y en su defecto aseguro el organismo acusador sigue inmerso en ese proceso.
El fiscal adjunto Ricardo Pérez Sterling, quien participó en el allanamiento del apartamento de Sobeida Pérez Morel en la torre Alco Paradiso, fue nombrado por el poder Ejecutivo ministro consejero en la embajada dominicana de Marruecos.
De acuerdo con la Fiscalía, la decisión se tomó “para proteger la vida” del fiscal, quien tras el apresamiento de Félix Morel el 4 de septiembre de 2009, culpó a miembros de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) que participaron en el operativo, de ser responsables de la desaparición de un bulto conteniendo 1.5 millones de dólares.
