El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) está ocasionando pérdidas millonarias a la empresa Granelera Dominicana C. por A, impidiendo la entrada a unos terrenos arrendados por sus ejecutivos, en franco desacato a una orden judicial y en claro abuso de poder.
La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en atribuciones de Tribunal de Amparo, devolvió a la empresa Granelera Dominicana C por A, los derechos sobre los terrenos, pero el CEA todavía no cumple la disposición.
La sentencia 00124-2010 del 16 de abril del año 2010, ordena al CEA “retirar cualquier funcionario, autoridad, efectivo policial o militar, que esté dentro o en las inmediaciones de los terrenos arrendados por la empresa Granelera a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)”.
La orden del tribunal restituye los derechos fundamentales adquiridos por la empresa Granelera Dominicana C por A, mediante los contratos de arrendamientos descritos más arriba y ordena la ejecución inmediata, no obstante cualquier recurso y sin prestación de fianza, de la presente sentencia.
Los ejecutivos de la empresa Granelera Dominicana explicaron que desde el pasado 5 de marzo, el CEA ha interrumpido el disfrute pacífico de los derechos adquiridos, de acuerdo a los contratos de arrendamientos contraídos con la APORDOM.
Agregaron que arrendaron una porción de terreno en el Puerto de Haina, Margen Occidental, desde 1997, los que renovó y amplió, mediante Poder Especial del presidente Leonel Fernández al director APORDOM, número 28-10 del 6 de febrero de 2010.
Afirmaron que el pasado 22 de marzo interpusieron formal Recurso de Amparo por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuya sentencia emitió días después.
Insistieron en que el CEA le viola los Derechos Fundamentales siguientes: Liberta de Empresa, Comercio e Industria; Derecho de Propiedad; Debido Proceso.
Expresaron que luego de haber sido notificada la sentencia, el 21 y 22 de abril, sus empleados y representantes intentaron acceder al inmueble, siendo impedidos por los militares y/o policiales aún apostados en el lugar.
Añadieron que sus representantes legales procedieron a mostrarles copia de la sentencia y su notificación y aún así les impidieron el paso al inmueble, “tomando una actitud agresiva y violatoria a todos nuestros derechos”.
Entienden que las actuaciones del CEA están ocasionando pérdidas millonarias a la Empresa y que el director del CEA, al desacatar esa orden judicial y al estar abusando de su poder, compromete su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
En virtud de lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades para que garanticen la existencia de un Estado de Derecho, donde se respeten la Constitución, las convenciones legalmente pactadas y se hagan cumplir las leyes y las decisiones judiciales.
“Hacemos un llamado al presidente Fernández y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, para que intervengan e interpongan sus buenos oficios, a fin de que el CEA de fiel cumplimiento a la sentencia”, precisaron los ejecutivos de la empresa.
