Los abogados de la empresa Granos Nacionales denunciaron el desacato por parte del ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, a la sentencia emitida el 26 de febrero de este año, que le ordena entregar todos los expedientes que soportan la asignación de cuotas de importación de habichuelas a empresas importadores no tradicionales.
Los doctores Ramón Antonio-Negro- Veras y Chaín Constanzo dijeron que aunque la decisión de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo le impone el pago de RD$5,000 por cada día de retardo en la entrega de la información, el funcionario desafía la autoridad del tribunal, al hacer caso omiso al dictamen.
En rueda de prensa los abogados anunciaron, además, que enviaron ante los organismos que luchan contra la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos, la notificación que evidencia las constantes violaciones en las que ha incurrido el ministro de Agricultura en la entrega de las cuotas de importación.
“Le enviamos comunicación a Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCO) para que estos organismos que han demostrado interés en la transparencia, en la legalidad y en que las instituciones del Estado funcionen, estén debidamente enteradas”, dijo Negro Veras.
El reconocido jurista sostuvo que la negativa del ministro de Agricultura a entregar los documentos, puede interpretarse como una mala señal de que detrás de esos documentos se mueven acciones oscuras que van en detrimento de la buena imagen del país, tomando en cuenta que se trata de una violación a un tratado internacional, como lo es el DR-CAFTA.
Los juristas identificaron las empresas “beneficiarias” como Aerocomercial Tejada, Agroservicios del Cibao, Almacenes Royal, Asocomedo Bursátil, Cadena de Distribución de Artículos de Primera Necesidad, Cándido Mateo Marcano, Casa Comercial Rodríguez Jiménez y Catemo Comercial, entre otras.
El fallo del tribunal se produjo a raíz de un recurso de amparo –interpuesto en diciembre de 2009 por la empresa Granos Nacionales- que demanda de Jiménez la entrega de información sobre la concesión de permisos de importación de la leguminosa a unas 20 compañías en violación al reglamento sobre asignación de contingentes que, en el marco del DR-CAFTA- emitió el Poder Ejecutivo.
El tribunal, presidido por la magistrada Sara Henríquez Marín e integrado por Judith Contreras Esmurdoc y Federico E. Fernández, emitió la sentencia sobre la base de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otras legislaciones.
