El Magistrado Juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Dr. Eduardo Sánchez Ortiz, se reservó el fallo sobre el recurso de amparo solicitado por Luis Álvarez Renta para que se le otorguen permisos para visitar 3 veces a la semana a médicos privados.
Los abogados representantes de la Dirección General de Prisiones, manifestaron que no se oponían a la conservación de la salud de los casi 20 mil internos, sin hacer excepción del caso de Álvarez Renta, pero solicitan que se cumplan con los procedimientos y protocolos para las salidas a médicos externos, a lo que nunca se ha sometido el referido interno.
Con la suspensión administrativa de los permisos concedidos por la justicia al interno Álvarez Renta, se persigue investigar si se están cumpliendo a cabalidad las instrucciones judiciales, ante la denuncia de que se estaban desnaturalizando, para usarlos en otros fines, con el propósito final de sancionar a los responsables de las irregularidades.
Luis Alvares Renta nunca ha agotado los procedimiento requeridos por los médicos de Prisiones, establecidos en el artículo 82 de la Ley 224 de 1984, además de que se investiga para establecer las sanciones de lugar, si hay o no desnaturalización de los permisos de salida de la cárcel que se le otorgan, a fin de dar con los responsables de tal irregularidad.
Por otra parte, la Jueza Kate Echavarría Pimentel, actuando como Juez de Ejecución de la Pena, en lugar del Magistrado Francisco Mejía Angomás, rechazó la solicitud de traslado interpuesta por el Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal y la Dirección de Prisiones, para llevar a Monte Plata al interno Luis Álvarez Renta, decisión que será apelada por la entidad que dirige el sistema penitenciario nacional.
La solicitud de traslado se originó en la petición que formulara a la Dirección de Prisiones el Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Magistrado Jesús Fernández Vélez, en su calidad de supervisor de las cárceles bajo su jurisdicción, que le atribuye el artículo 99 de la Ley 224 de 1984, como superior de los fiscales.
El Magistrado Vélez fundamentó su petición en el comportamiento de Álvarez Renta, explicando que éste interfería y desnaturalizaba el trabajo del Comité de Apoyo a la Cárcel de Najayo, solicitando rebajas de las garantías económicas a favor de los internos.
