Altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional usan los nombres de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la PN, para ocupar terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Un alegado coronel de la policía, llamado Ángel Marín Cuevas Castillo, hizo saber que este lunes el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ocuparía un campo de caña completo en Hato Viejo II para una finca.
Este oficial, junto a un grupo de policías, invadió terrenos en posesión del CEA que son propiedad de la familia Hichez, quienes poseen los títulos de propiedad y un documento de la institución azucarera oficial donde certifica que dichas tierras pertenecen a esa familia.
En el oficio 927 de fecha 25 de agosto del 2004, el CEA afirma que “ de acuerdo con los informes del ex abogado III y Encargado de la Unidad de cobros compulsivos, licenciado Gilberto Cedeño y el agrimensor Evert Rosario, miembro de la Unidad de Acción Legal y de Recuperación de terrenos, los SUCESORES DE BERNARDINO ABAD HICHEZ, son propietarios de una porción de terreno con una extensión superficial de 8,54.52 tareas nacionales”.
Este documento, firmado por el doctor Juan Alfredo Ávila Guilamo, director general Consultaría Jurídica del CEA, detallas los números de los títulos de propiedad, parcelas y registros de los terrenos de los Hichez.
El oficial policial Cuevas Castillo, acompañado de varios agentes, ocupó terrenos en las parcelas 550-B y 551, en campos de caña de Hato Viejo y amenazó con reventar a uno de la familia Hichez porque le informaba que esos terrenos no son del CEA, sino de la familia Hichez.
Otro alegado coronel del Ejército Nacional, de apellido Solís se presentó en un camión con guardias portando armas largas, cercando el campo de caña que va desde La Gina hasta Hato Viejo II.
El pasado viernes, un alegado general intentó ocupar un campo de caña en Banì, Hato Viejo, propiedad de la familia Rodríguez, quien se presentó al lugar con los títulos, impidiendo la invasión. Los Rodríguez cortaron los alambres y los postes.
Todos los campos de caña, no importa que pertenezcan a propietarios privados, que de generación en generación son colonos del CEA, son quemados y ocupados por alegados altos oficiales militares y de la policía.
La familia Hichez pidió al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Peña Antonio y al jefe de la policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán, que no permitan que los nombres de los jefes de Estado Mayor se utilicen para intimidar y apropiarse de terrenos privados, y que en caso de ser del CEA, es un patrimonio público del Estado.
La familia Hichez hará una exposición en la Dirección General de Asuntos Internos de la policía, para que el alegado coronel Cuevas Castillo muestre si tiene el título de propiedad de las 150 tareas de tierras cercadas.
Igualmente, emplazará al director de CEA para explique si autorizó ventas de terrenos que no les pertenecen.
La Dirección del Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas, en la certificación No.163-2 del 22 de enero del 2003, expresa “después de haber buscado en los archivos a mi cargo Hemos encontrado registrado, en el libro Y folio No.166,bajo el No.1064, Acto de partición, hecha por ante el Notario Público licenciado Joaquín E. Salazar, con fecha veintic9nco de octubre del año corriente, entre los herederos de los finados esposos Bernardino Abad Hichez y Maria Cleofa Castillo, compuesta por los señores Margarito Hichez Castillo, Otilio Hichez Castillo, Agapito Hichez Castillo, Hipólito Hichez Castillos, de una parte y los señores Juan Díaz Hichez, Damián Díaz Hichez y Artemia Díaz Hichez, como herederos de la finada Maria de las Reyes Hichez, quien a su vez lo era de los esposos Bernardino Abad Hichez y Maria Cleofa Castillo de varias porciones de terreno sitas en Hato Viejo, Guerra y San José, común de Los Llanos, provincias de Macorís, a la cual partición le han atribuido un valor de dos mil pesos moneda norteamericana”.
Estos terrenos, unas 35 mil tareas, fueron arrendadas a los norteamericanos el 9 noviembre del 1904, hasta el 9 de noviembre del 1954, fecha en que se retiraron de la industria azucarera dominicana, sin que el CEA rescindiera los contratos pasando a ser el responsable de los mismos en calidad de arrendatarios.
Los norteamericanos al retirase depositaron en un banco la suma de más de 60 millones de dólares por el pago del arrendamiento. Hace unos diez años el CEA reconoció una deuda de más de 460 millones de pesos a favor de la familia Hichez, por la producción de caña en sus terrenos.
Existen los títulos, las sentencias y otros documentos que avalan el legítimo derecho de propiedad de la familia Hichez.
