El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, declaró “caso cerrado” el tema del “barrilito” que cobran los senadores para obras sociales y respondió airado ante una pregunta que sobre ese aspecto le formuló un reportero del diario El Caribe.
“Ese es un caso cerrado”, respondió Pared Pérez, pese a la insistencia del presidente de la Junta Central Electoral de que los miembros de la cámara alta que aspiran a reelegirse deben dejar de recibir los fondos mensuales que usan para donaciones en sus respectivas demarcaciones.
El juez Julio César Castaños Guzmán sostiene que esta estructura “no tiene sentido”, violenta principios constitucionales y debe ser suprimido.
Ante la insistencia del periodista Oscar Quezada, para que el funcionario explicara por qué lo considera un “caso cerrado”, Pared Pérez lo acusó varias veces de irrespetuoso, con voz enérgica y ceño fruncido.
Pared Pérez ofrecía una rueda de prensa en su despacho, junto a Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien hacía gestiones para unos debates políticos que organizan esa institución y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
El senador por la capital, que aspira a la reelección por el Partido de la Liberación Dominicana, alegó que no debía tratar un tema distinto al que motivó la convocatoria.
Los senadores reciben 19 millones de pesos mensuales que aporta el Estado, para usarlos a su discreción en obras de bien social. Estos recursos, cuyo monto depende de la población de la provincia, pueden superar el millón de pesos mensuales para los representantes de las demarcaciones más grandes y ayudan a calmar las demandas de ayuda que hacen muchos ciudadanos a los legisladores.
Pared Pérez ha sido defensor persistente del barrilito, con el argumento de que en su gestión transparentó los “fondos sociales” de los legisladores y los aplica con carácter de equidad.
Aprobación de leyes permitió seguridad jurídica
Pared Pérez aseguró que la aprobación de importantes leyes relativas al sistema económico y las inversiones, ha permitido fortalecer la seguridad jurídica del país.
Sostuvo que en ese sentido, la seguridad jurídica y la llegada de nuevas inversiones al país ha permitido la creación de nuevos empleos y la instalación de nuevas empresas, en beneficio de los jóvenes y las mujeres de la República Dominicana.
Citó entre las leyes aprobadas en el período 2006-2010 las de sociedades comerciales, la que regula las pequeñas y medianas empresas, la que penaliza los delitos electrónicos, la de recapitalización del Banco Central, entre otras.
Puso como ejemplo que la aprobación de la Ley de Sociedades Comerciales ha permitido agilizar los trámites para la constitución de nuevas compañías, lo que impacta positivamente en la creación de empleos, especialmente para ser ocupados por jóvenes y mujeres.
