El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, informó este lunes que en el transcurso de la semana se decidirá si serán interrogados los jueces Alejandro Vargas Guerrero, de Atención Permanente del Distrito Nacional, y René del Rosario, juez suplente de la provincia Santo Domingo, quienes han sido fuertemente cuestionados por variar la medida de coerción a personas involucradas en el sicariato.
Subero explicó que, atendiendo las denuncias y reclamos de parte entes de la sociedad, que piden mayores rigidez a la hora de los jueces dictar sentencia, la Suprema ha decidido emitir una resolución dirigida a magistrados de instrucción y de cortes, donde especifica los puntos a tomar para la implementación o variación de una medida de coerción.
El magistrado recordó que el Código Procesal Penal, en sus artículos 226 y 227, especifica que a la hora de un juez evaluar o cambiar una medida de coerción debe tomar en cuenta el peligro de fuga; considerar algunos elementos como el arraigo del imputado; su domicilio, tanto de él como de su familiares; actividades laborales; el grado de peligrosidad del hecho y las facilidades del imputado para esconderse o abandonar el territorio nacional.
Asimismo, pidió a los jueces tomar en consideración el hecho comprobado de que el imputado forma parte de una asociación de grupo criminal, con cuya libertad se pondría en juego la seguridad de la sociedad o la posible obstrucción de la investigación; posibilidad que una vez liberado el imputado se reintegre a actividades delictivas u otros medios para entorpecer la investigación o facilitar la fuga del mismo; además, que el acusado pueda intentar represalias contra el acusador
Igualmente, Subero Isa llamó a los jueces a ser cautelosos al evaluar o cambiar una medida de coerción, especialmente, con relación a personas acusadas de narcotráfico, homicidio, secuestro, entre otros graves delitos. Sostuvo que antes de evaluarse una medida de coerción contra los imputados por los delitos anteriores, debe tomarse en cuenta los artículos 27 y 29 del Código Procesal Penal.
Resaltó el papel desempeñado por los medios de comunicación y dijo que en los 40 años que tiene en ejercicio, no había visto tantos organismos de la sociedad alzarse en una sola voz para reclamar más severidad en cuanto a los procesos judiciales; tras explicar que no puede mantenerse ajeno al reclamo de la sociedad e instó a los periodistas seguir en su labor de denuncias de los hechos deleznables.
