Será el próximo 23 de febrero, cuando el juez Román Hiciano Berroa dará lectura a la sentencia del juicio final sobre la matanza ocurrida el 4 de agosto de 2008, en Paya, Baní. El fallo dirá cuantos de los 27 implicados, van a juicio de fondo y quiénes no.
Durante las discusiones de este martes, los abogados defensores de los 27 implicados en la matanza de siete colombianos en Ojo de Agua Bani, pidieron al juez del Primer Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional que sean rechazadas las pruebas del Ministerio Publico, dictando un auto de no a lugar y cese la prisión preventiva en contra de sus defendido.
En la 15va audiencia que se le sigue a los implicados en el caso Paya, los 31 abogados de la defensa presentaron sus conclusiones; donde coincidieron que las pruebas aportadas por el Ministerio Público carecían de legalidad y fueron infundadas, por lo que solicitaron al tribunal que las mismas sean rechazadas.
Igualmente, pidieron que cese la medida de coerción, tras a expresar que sus defendidos son inocente de todo hecho que se le imputa.
El abogado del imputado Andrés Berroa Mercedes, Tomas Castro pidió declarar nulo y sin efecto legal los argumentos de prueba depositados por el Ministerio Público, tras asegurar que son ilógicos, contradictorios e irrazonables.
Castro solicitó declarar la no imputabilidad de Berroa, por falta de elementos que lo involucren directamente con los hechos ocurridos en Ojo de Agua, Baní y que, por tal razón, se deje sin efecto y se ordene su inmediata libertad.
Mientras que los abogados del imputado Noé Martin Esterlín Villalón, requirió modificar las conclusiones de pruebas aportadas por la barra acusadora, en cuanto se refiere a su prevenido por imprecisión de los cargos, falta de individualización personal y acusación genérica.
Igualmente, instaron que sea descargado de toda acusación, porque los elementos de pruebas son inexistentes para fundamentar la acusación y no existe la posibilidad de incorporar nuevas pruebas. Peticiones que fueron refutadas por los fiscales adjuntos que representan el Ministerio Publico, pidiendo que todos sean enviados a juicio de fondo.
En la pasada audiencia le tocó al Ministerio Publico presentar sus conclusiones. En las que solicitaron al tribunal acoger las 28 pruebas depositadas y mantener la medida de prisión preventiva a los que ya están detenidos y varíe la coerción a los que cuentan con otro régimen judicial
Los doctores Tomás Castro, Renzo Hilario, Jaime Caonabo Terrero y Juan Esteban Olivero Feliz pidieron al juez decretar auto de no ha lugar a favor de sus defendidos tras sostener que estos no tienen ningún vinculo con el caso Paya.
De su lado, el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto Francisco Polanco, Dulce Luciano, entre otros, piden al tribunal enviar a todos los implicados a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se les imputan.
Los imputados por el caso Paya, son Luis de Jesús Lara Martínez, José Luis Montás Vargas, Ricardo Rafael Guzmán Pérez, Miguel Peña Figuereo, Edward Mayobanex Rodríguez Montero, Manuel Antonio Roche Pineda, Jorge Luis Chalas, Andrés Tapia Balbuena, Janeuris Manuel Calvo Tejeda y Dennys Jairo Rodríguez Pérez.
Además, Jesús Sánchez Piña, Redys Encarnación Quezada, Girson Antonio González, Augusto Alberto Daneri Andújar, Andrés Berroa Mercedes, Pedro González Estévez, Domingo Onésimo Marmolejos Santana, Kirvio Santana Félix, Joaquín Félix Pérez, Noé Martín Sterling Villalón, Alexander Restrepo Carmona, Félix Mora Terrero, Víctor Manuel Montás Pérez, Orin Clinton Gómez Halford y José Vinicio Simé Cisneros.
El 4 de agosto del 2008 fueron raptados ocho extranjeros de una mansión ubicada en la carretera de Baní, luego fueron llevados a un cañaveral de Ojo de Agua, donde fueron ejecutados. A la matanza sobrevivió el nicaragüense Orín Clinton Gómez.
El 5 de agosto un guarda campestre encontró los siete cuerpos en el cañaveral. Del rapto de las víctimas hubo dos testigos, Emilio Basilio Victoria y Mercedes Carvajal, quienes eran los empleados domésticos de la casa.
En la matanza de Paya fueron ejecutados los colombianos Darío José Atencio Vargas, alias El Jefe o El Don; Eduardo Fabio de León, alias Negro o El Gordo; Antonio Zuluaga Mustiola, alias Ceferino; Apolinar Altamirano Cuélla, Geovanny Alejandro Bowie, Enrique Marín Gutiérrez, alias El Washi y Oscar Darío Naranjo, alias Fierrito.
Después de los asesinatos, una parte de la droga se quedó en una casa del distrito municipal Villa Sombrero, en Baní, y posteriormente fue trasladada a una casa del sector Prado Oriental en el municipio Santo Domingo Este, conforme con las declaraciones de los acusados.
