El vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, Luis Miguel De Camps García, cree que la nueva Constitución de ser proclamada este martes proporciona el asalto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial de Republica Dominicana.
“Con la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, el Presidente de la República tiene control para la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y en consecuencia de todos los jueces del Poder Judicial”, dijo De Camps García al comentar el impacto que tendría la Carta Magna que entra en vigencia este lunes.
Subrayo De Camps García que los logros alcanzados en la reforma de 1994, como búsqueda de equilibrar el poder político y brindar equidad de participación, fueron totalmente quebrados por el Presidente Fernández en su intención de controlar el Poder Judicial.
“Esta experiencia nos recuerda al Gacetazo realizado por el entonces presidente Balaguer, quien ilegalmente conspiró y logró controlar es Senado para a su vez tener control del Poder Judicial. La necesaria pregunta ante esta triste repetición de la historia es la de saber si la intención de control del Poder Judicial se debe a temores de persecución por posibles infracciones a la ley penal y actos de corrupción en la actual administración”, sostuvo el joven dirigente político.”
De Camps García es candidato a diputado por la Circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PRSD. Sus declaraciones a la prensa fueron emitidas en ocasión de la proclamación este lunes de la Nueva Constitución.
“Entiendo que hay actuaciones que no tienen justificación, no puede supeditarse la institucionalidad nacional y el camino hacia el desarrollo, por apetencias incontrolables de poder. Con la proclamación de la nueva Constitución, el Presidente Fernández reedita el Gacetazo y retrasa al país a etapas creídas como superadas”, subrayo De Camps García.
De Camps García consideró además que aunque algunos avances de la nueva Constitución deben ser destacados, “es imperdonable que el proceso de reforma no se haya realizado a través de una Asamblea Constituyente y que no se haya independizado por completo el Ministerio Público del Poder Ejecutivo”.
Y agregó que desde el punto de vista político, el país reclamaba y se le prometió una Asamblea Constituyente para realizar la reforma.
“Además, -dijo- al mantener la Presidencia control sobre el Ministerio Publico, aun mantiene el lobo las llaves del gallinero. Lo que significa que cualquier proceso de lucha contra la corrupción carecerá de seriedad y no serían más que circos de los que nos tienen acostumbrados a los ciudadanos”.
Concluyo señalando que el Presidente Fernández “tenía la oportunidad de dotar a nuestra nación con un texto verdaderamente representativo de todos los ciudadanos. Sin embargo, al preferir inclinarse por sus interés políticos mediáticos, pierde su espacio como una posible figura de referencia nacional e histórica y se consagra como un político más de los que prefieren el poder antes que el servicio público”.
