El Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público informó que de 217 participantes del concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores 2009, fueron escogidos 74, que cubrirán plaza en los distritos judiciales de Azua, Barahona, Constanza, Dajabón, Duarte, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Romana y La Vega.
Igualmente, otros elegidos proceden de Las Matas de Farfán, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Pedernales, Peravia, Samaná, San Cristóbal, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Santiago Rodríguez y Valverde.
La información se dio a conocer durante una reunión del consejo, que estuvo encabezada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; su primer sustituto, Ángel Castillo; el comisionado de Justicia, Lino Vásquez; el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Velez; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Medina, y el presidente del Colegio de Abogados, Diego José García.
Durante la reunión, los miembros del consejo a través de videoconferencia estuvieron en comunicación con el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), Ramón Emilio Núñez, quien manifestó “Es un proceso de calidad y transparencia que se acercó a lo que buscábamos”, al mismo tiempo, Núñez resaltó que hubo plaza que tuvieron hasta 50 participantes.
El procurador Jiménez anunció que los fiscalizadores serán presentados a principio del próximo mes de febrero en un acto formal que con esos fines organizará la institución, tras precisar que para ser aceptado en esa posición y en la Carrera del Ministerio Público, los fiscalizadores elegidos a partir de ahora tendrán que aprobar el Programa Inicial de Formación (PIF), que imparte la ENMP por un período de nueve meses.
El concurso
La Procuraduría convocó el pasado año al “Concurso de Oposición para aspirantes a Fiscalizadores 2009”, donde estableció que podían participar del proceso todos los abogados mayores de 23 años de edad con permiso legal para ejercer la profesión, que no hayan sido condenados a penas aflictivas o infamantes, tener una conducta moral intachable y residir en el departamento judicial donde se localiza la vacante.
El concurso contemplaba cubrir 90 plazas, de las cuales 16 quedaron desiertas en (Elías Piña, Pedernales, Independencia, Montecristi y San Juan de la Maguana), ya que los participantes no reunieron los requisitos de rigor.
Los participantes del concurso recibieron la aplicación de una prueba de conocimientos jurídicos, la cual consiste en un examen estructurado sobre cuatro áreas temáticas principales: Teoría General del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal, y Derecho Procesal Penal, seguida por la evaluación de habilidades y características psicológicas, mediante la aplicación de pruebas especializadas, y la realización de una entrevista conductual de forma individual.
