San Juan.- Más de 2.000 empleados públicos se sumaron hoy a los más de 17.000 despedidos el pasado año en Puerto Rico como parte del plan de reducir el déficit presupuestario de 3.200 millones de dólares.
Un grupo de trabajadores cesados se manifestó hoy frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en San Juan junto a miembros de la Federación de Trabajadores y Servidores Públicos Unidos (SPU).
La primera ronda de despidos comenzó a principios de junio del año pasado, cuando el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García, anunció el cese de 10.400 empleados públicos.
Los despidos continuaron en octubre pasado, cuando se sumaron más de 7.000 personas, en su mayoría del Departamento de Educación (DE), del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de la Comisión de Desarrollo Cooperativo.
La presidenta del SPU, Annette González, reclamó hoy que el pueblo de Puerto Rico "dé un grito en contra de todos los despidos" del Gobierno como una estrategia para reducir el déficit y que incluye el cese de unos 30.000 empleados públicos.
Este mes también está previsto el despido de 7.191 empleados públicos, cuyos ceses fueron aplazados en noviembre pasado por errores procesales.
González indicó, además, que los despidos no sólo afectarán a las familias, sino a los servicios del Gobierno que atienden a la ciudadanía como la Administración de Sustento a Menores, el Departamento de Educación y el DRNA, entre otros.
Por su parte, el portavoz de la coalición "Todo Puerto Rico por Puerto Rico", Federico Torres Montalvo, señaló que están "trabajando" para realizar una huelga general en todo el país caribeño.
"Esto es un reclamo contundente de todo el pueblo. El secretario del Trabajo (Miguel Romero) dice que se ha reunido con los obreros, pero eso no es cierto", dijo.
En octubre pasado, los principales grupos sindicales realizaron una huelga general frente al centro comercial Plaza las Américas en San Juan, la cual estimaron que acudieron 200.000 personas, en protesta contra los despidos.
Los sindicatos aseguran que fueron 200.000 los simpatizantes que recorrieron las principales vías del distrito de Hato Rey, cifra que el Gobierno rebaja a 15.000.
Los sindicatos puertorriqueños detuvieron parcialmente la actividad laboral del país con el cierre de todas las compañías estatales, mientras que en el sector privado tanto comercios como empresas optaron mayoritariamente por abrir sus puertas.
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, ha justificado el despido de más de 17.000 empleados estatales al señala que sin esta medida se hubiera paralizado el Gobierno antes de la época de Navidad por falta de fondos.
