Al Servicio Jesuita a Refugiado/as y Migrantes (SJRM) le preocupa profundamente la reciente campaña de los grupos conservadores que quieren seguir aprovechándose del desorden migratorio en República Dominicana.
Estos grupos aún consideran que para mantener e incrementar sus ganancias económicas y políticas tienen que negar los Derechos Humanos de miles de personas y que la mejor estrategia para lograrlo es atacarlas en los medios de comunicación, en las calles y en los campos.
Además, se proponen acallar las voces de quienes sí quieren que el Estado dominicano ejerza su derecho y su obligación de regular la presencia de inmigrantes en su territorio.
El asesinato de cuatro inmigrantes haitianos en Jimaní fue alentado por la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación que aumentaron la intensidad de una campaña que, desde hace años, responsabiliza a los inmigrantes haitianos de los problemas del medio ambiente, de la ineficiencia de los servicios de salud y educación y del incremento de los índices de criminalidad. Para ello, tergiversan datos, niegan lo evidente y desvían la atención del público en momentos políticamente importantes.
La agresión de Jimaní tuvo lugar precisamente el 22 de octubre, día en el que se produjo el cierre de la segunda lectura del proyecto de Reforma Constitucional, que restringe los derechos de los inmigrantes y sus descendientes. Esto no es nuevo, porque los durante los últimos años siempre se han producido actos de agresión contra la población migrante cuando se discuten modificaciones o nuevas formulaciones al marco legal de las migraciones o la nacionalidad. Es demasiada casualidad.
Una vez pasado este momento constituyente, las mismas voces van preparando el terreno para el inmediato debate sobre el Reglamento de la Ley de Migración y el Plan de Regulación de Inmigrantes. Y, otra vez, no proponen y desprestigian a quien propone. Utilizan conceptos tan trujillistas como el de haitianización, invasión pacífica o chantaje, niegan los compromisos de Estado dominicano con la comunidad internacional y amenazan con los “los graves y trágicos acontecimientos que puedan producirse”.
El coro conservador sigue responsabilizando a la inmigración haitiana de las fallas estructurales de los sistemas de Salud y Educación. Nunca citan que el Gobierno, de 2003 al 2009, sólo ha destinado a Salud el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando mínimamente debió destinar el 3.82% para que el sistema funcione. Ni tampoco que el promedio de inversión en educación en América Latina es de 4.3% del PIB, mientras que aquí nunca se ha invertido más del 2.3% del PIB.
También cargan el aumento de la delincuencia a la población inmigrante cuando ésta, por lo general, es muy laboriosa y sostiene dos sectores fundamentales de la economía: el agropecuario y la construcción. El incremento de la criminalidad está relacionado a la violencia estructural que golpea a la inmensa mayoría de la población, víctima de la inequidad, la exclusión y la marginalidad, en un modelo económico que (según el Banco Central) no consigue dar trabajo a más de cuatro millones personas en edad de producir.
Es evidente que de entre los problemas que aquejan a la sociedad dominicana, el de la inmigración es uno, y grave. Por eso ya llegó la hora de que el Estado y la sociedad lo enfrenten seriamente, respetando los derechos humanos. En este campo, los estados haitiano y dominicano han demostrado ineficiencia y desinterés.
Ambas partes deberían activar los mecanismos de diálogo, principalmente la Comisión Mixta Bilateral, para discutir con seriedad los temas de control fronterizo, comercio binacional, medio ambiente, combate a la trata y tráfico de migrantes, repatriaciones y regularización de inmigrantes. Y la sociedad dominica debería, por su propio bien, desautorizar a los que pretenden manipularla con sus campañas y utilizan la inmigración haitiana como chivo expiatorio para defender intereses en muchos casos inconfesables.
