El Ministerio Público solicitó este viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que abra una investigación exhaustiva en torno al tratamiento dado por parte del juez interino del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito, Franny Manuel González Castillo, quien varió una medida de coerción, de prisión por garantía económica.
Al pedido se unieron la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes manifestaron su preocupación por la garantía económica, a favor del imputado Jimmy Oliver.
Oliver fue apresado flagrantemente el 15 de septiembre de 2009 con 50 kilos de cocaína en un vehículo con un compartimiento secreto para ocultar drogas ilícitas
Expresaron que si bien es cierto que los jueces son independientes en sus actuaciones, no es menos cierto que sus decisiones deben estar supeditadas a presupuestos legales y, en el caso en cuestión, es improcedente la variación de la prisión preventiva al imputado.
Igualmente dijeron que los presupuestos legales que lo enviaron a prisión se han mantenido inalterables, por lo que el Ministerio Público hará uso de las vías jurídicas que tiene a su alcance para recurrir esa decisión.
Apuntaron que no es la primera vez que el magistrado en cuestión toma una decisión desafortunada como ésta. El 8 de agosto de 2008, mediante la resolución número 576-08-00011, el magistrado Franny Manuel González Castillo otorgó una fianza a dos imputados de narcotráfico a los que se les ocupó 8 kilos de cocaína.
