El periodista Rafael G. Santana, asesor de drogas de la Comisión Permanente de Seguridad Nacional del Senado de la República, afirmó que el narcotráfico está ganando la guerra a las autoridades en los tribunales.
Las decisiones judiciales adoptadas por el juez Fanny Manuel González, a favor de reconocidos narcotraficantes, uno de ellos apresado con 50 kilos de cocaína en su vehículo, es una muestra de la creciente descomposición jurídica y moral de algunos jueces, que basados en el Código Procesal Dominicano están libertando a quienes se dedican a esta labor delictiva.
Es preocupante que el juez González, sin inmutarse, otorgue una garantía económica a Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, a quien se le ocupó 50 kilos de cocaína en su vehículo el 15 de septiembre del presente año. No sólo esto, sino que cambia una sentencia de prisión preventiva por una fianza.
La ley 50-88, que penaliza el consumo y tráfico de drogas, no permite la fianza, la libertad condicional y el indulto. Esto no se cumple porque jueces y fiscales propician la impunidad y manipulan el Código Procesal emitiendo sentencias complacientes.
Este juez, que debería ser destituido no conforme con enviar a su casa a Oliver Rodríguez el 8 de agosto, otorgó fianzas a otros dos narcotraficantes. La Suprema Corte de Justicia tiene que actuar en este caso y otros escándalos relacionados a asuntos de narcotráfico.
La DNCD, cumple su misión de vigilar, investigar, apresar y someter a la justicia a los que violan la ley de drogas. Sin embargo, este trabajo es descaradamente echado por la borda por jueces venales, irresponsables y de reputaciones cuestionables que ensucian la imagen de la justicia.
