San Juan.- Los sindicatos puertorriqueños detuvieron hoy parcialmente la actividad laboral del país con una huelga general contra el despido de miles de empleados públicos que el Gobierno advirtió de que no servirá para interrumpir sus planes.
La protesta es consecuencia del despido anunciado en septiembre de más de 17.000 empleados públicos, medida que el gobernador Luis Fortuño considera es la única vía para no cerrar por falta de fondos el Gobierno antes de las próximas Navidades.
Fortuño, líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), hizo además aprobar la llamada Ley 7 para ahorrar 2.000 millones de dólares con la pretensión de reducir el déficit fiscal de 3.200 millones de dólares que heredó de la Administración precedente del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Varias manifestaciones por separado de los principales sindicatos confluyeron hoy al mediodía en la Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, en el distrito financiero de Hato Rey, con la presencia de miles de trabajadores y estudiantes, sin que la Policía ni organizadores dieran cifras de participación.
Los sindicatos se apuntaron una victoria con la no apertura de la Plaza Las Américas, el icono del consumismo puertorriqueño, aunque aeropuertos y muelles funcionaron con total normalidad.
Las empresas públicas permanecieron cerradas, aunque la mayoría de las compañías privadas y el comercio optaron por abrir sus puertas, a excepción de las situadas en el distrito financiero por donde discurrieron las manifestaciones.
La Autoridad de los Puertos emitió un comunicado en el que apunta que las principales infraestructuras del país registraron una actividad normal, con el Aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan que mantuvo todas sus operaciones sin incidencias.
El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) -uno de los más importantes de la isla-, Roberto Pagán, dijo a Efe que la huelga de hoy es la respuesta a una política de despidos gubernamental que traerá graves consecuencias para la economía del país.
Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Sindical y del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), Luis Pedraza Leduc, manifestó que la adhesión registrada hoy indica que se consiguieron los objetivos marcados.
Pedraza Leduc destacó a Efe que ninguna compañía estatal abrió sus puertas, con escuelas y la universidad cerradas, además de contar con el apoyo de afiliados que trabajan en algunas empresas del sector privado.
El sindicalista advirtió al Gobierno de que si no da marcha atrás en su decisión de poner en la calle a 17.000 funcionarios será convocada una huelga general indefinida, un paso que como predijo sí paralizaría entonces la actividad económica de la isla caribeña.
Fortuño apeló hoy a la serenidad y pidió respeto para aquellos que decidieron trabajar, tras lamentar el cierre de la Plaza Las Américas, que como recordó emplea a 10.000 personas.
El número dos del Ejecutivo, el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Emma, fue por su parte más explícito al asegurar que no habrá "marcha atrás en los despidos".
Precisamente, Rodríguez Emma lideró en la década de los noventa la privatización de la red telefónica puertorriqueña, lo que provocó el 7 de julio de 1998 una huelga general de dos días convocada por más de sesenta organizaciones sindicales.
La protesta de hoy contó con el apoyo del colectivo de estudiantes y de un amplio número de asociaciones sociales y profesionales, en una jornada en la que la Policía informó que no se registraron incidentes de consideración.
Puerto Rico atraviesa por su cuarto año consecutivo de crisis económica, lo que ha elevado la tasa de desempleo al 16 por ciento entre la población activa y provocado una nueva "ola" de inmigración hacia los Estados Unidos.
