El procurador Radhamés Jiménez Peña informó este martes que solicitará a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el traslado a la capital del caso Paya, debido a las amenazas de muerte que han recibido 11 fiscales adjuntos de parte de sectores vinculados al narcotráfico.
De acuerdo con Jiménez Peña, los fiscales adjuntos que reciben amenazas de linchamiento junto a sus familias son Jesús Hernández Vélez, Paulino Zapata y Rigoberto Santana, de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
Otros fiscales que reciben amenazas vía telefónica y mediante anónimos son Roberto Lugo Betancourt, del Distrito Judicial de Previa; Constantino Beltré Sánchez, Francisco José Gómez, del Distrito Nacional; Germán Javier Villalón y José María Luciano.
De igual forma, estarían en peligro de muerte, la procuradora adjunta adscrita a la Unidad Anti Lavado de Activo del Ministerio Público, María del Carmen de León.
Jiménez Peña hizo el anuncio en rueda de prensa efectuada en su despacho, acompañado del jefe de la Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Peña Antonio; el asesor del gobierno en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo; el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín y el jefe de la DNCD, Orlando Rosado Mateo.
Las autoridades presentes ofrecieron su respaldo al Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico en el país.
De su lado, Castillo dijo que el narcotráfico ha querido desafiar a las autoridades gubernamentales sembrando temor, miedo y amenazas, a través de los representantes del Ministerio Público.
Consideró que la SCJ tiene el gran reto de sancionar con la mayor drasticidad posible los casos de narcotráfico, poniendo como ejemplo el caso Paya, y así poner a prueba la justicia dominicana en un duelo entre el Estado y el narcotráfico.
