Viejo refrán este, que entre muchas acepciones, se aplica a lo que se está haciendo en una dirección, cuando debe ser en otra…
La noticia entristece y hace meditar: “Cuatrocientos diez menores tienen expedientes criminales que los involucran en asesinatos, tráfico de drogas, violaciones, atracos y asaltos a mano armada”.
El 87% de los infractores son varones y el 13% corresponde al sexo femenino, según informó Marisol Tobal, directora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República.
Hace días, el tema involucra en un claro debate a quienes no pueden dejar de pensar en esta capa vulnerable de la sociedad y sentir que no funcionan las leyes como debe ser para su protección y cuidado.
La oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), ha ofrecido su ayuda y ha llamado la atención a la necesidad de aumentar la inversión social en programas que generen oportunidades para los adolescentes que sean proclives a los actos delictivos.
La infracción más común es el robo con violencia, el homicidio; la distribución de drogas está en un tercer lugar; así como las violaciones en cuarto lugar, tal y como afirma Tobal.
El propio jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, se ha referido al “creciente aumento de menores implicados en actos delictivos”.
Si tenemos en cuenta que el mismo procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, ha dicho públicamente que “las cárceles del país son universidades del crimen, donde los condenados se perfeccionan para cuando salgan imprimir más odio a la sociedad y ser capaces de dañarla”, pensemos en un menor tras las celdas…
Otras voces se han alzado, como la del padre Jesús María Tejada, vicario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Moca, quien observa que en las modificaciones del Código Procesal Penal dirigidas a endurecer las penas a los menores que delinquen debe tenerse en cuenta una legislación preventiva, pues la represión no es la solución.
En general, la lógica conduce a causas comunes que contribuyen al auge de la delincuencia juvenil: falta de oportunidades, carencia de empleos, deficiencias o ausencia total de educación; una multiplicidad de malos ejemplos por parte de funcionarios corruptos y, encima, adultos que les utilizan y manipulan en tan oprobiosos actos.
En las calles, por avenidas e intersecciones, en los barrios y en muchos otros sitios que las autoridades conocen bien, están las niñas, niños y adolescentes necesitados de una dirección, de ayuda. El problema está en actuar a tiempo, antes que se comentan esos actos que les destruyen a ellos, a sus víctimas, familiares y, sin duda alguna, a toda la sociedad.
