El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, aseguró este viernes que ese organismo continuará aportando pruebas en torno a la acusación de corrupción contra ex funcionarios del pasado gobierno.
La acusación es contra José Lois Malkún, ex gobernador del Banco Central (BC), durante el gobierno de Hipólito Mejía; Félix Calvo, ex vicegobernador y el ex consultor jurídico Apolinar Rubio Cristóforis, por distracción de fondo del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito).
Bonilla sostuvo que los imputados distrajeron más de 10 mil millones de pesos, representados en cartera del desaparecido Banco Nacional de Crédito (Bancrédito).
Indicó que para el DPCA hacer un sometimiento no importa el tiempo que se hayan producidos los hechos. Mientras que Félix Calvo, uno de los imputados, consideró la acusación como absurda y una torpeza.
Explicó que el expediente se trata de un simple robo de papales comerciales que hizo Arturo Pellerano, presidente del Bancrédito, quien no es sometido ni mencionado en el recurso.
Aseguró que no se trata de un desfalco de dinero como han dicho o interpretado algunos medios, puesto que el caso consiste en que del BC se perdieron 18 pagarés que servían de sustento a una deuda que tiene Arturo Pellerano con ese organismo.
En tanto, para el secretario general interino del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), senador Mario Torres, la acusación tiene matiz retaleativo y político.
Torres sostuvo que la acusación sale en momento en que Malkún es designado en una importante posición en el PRD, para aprovechar sus conocimientos y capacidad, porque ha sido consultor de varios organismos internacionales, pero quieren impedir que el partido pueda utilizarlo y buscan mantenerlo en el anonimato.
Explicó que desde que el PRD lo tomó en cuenta para que forme parte de la comisión de economía le sacaron ese expediente.
A los imputados se les acusa de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y abuso de confianza, en perjuicio del Estado dominicano.
