El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se asocia a las voces que demandan una reforma de los Códigos Procesal Penal y al Código para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes.
Resaltó la necesidad de esa reforma, ante el auge en la comisión de las más diversas formas de delincuencia y los reclamos de la población para que el Estado frene y disminuya los índices de criminalidad.
Lisandro Macarrulla fundamenta su posición en la necesidad de lograr respuestas institucionales para gestionar la conflictividad violenta, aunque precisa que no es sólo necesario proceder a la reforma de los indicados Códigos, sino que lo más prioritario es que el Estado concentre sus fuerzas en la seguridad y en las causas que generan la delincuencia.
“Se suele culpar a la legislación existente en la materia, pero el reto fundamental es que el Estado en colaboración con la ciudadanía, diseñe, elabore y ejecute políticas públicas de seguridad y de prevención del delito que se correspondan con el estado democrático de derecho, al tiempo de aumentar la eficiencia de las instituciones que lo integran, sin disminuir las garantías de los ciudadanos”, destacó el presidente del CONEP.
Finalmente, es imprescindible unir los esfuerzos con los encargados del sistema carcelario y casas o reformatorios para menores en conflicto con la ley.
“Son esos centros los que deben servir para los fines creados, para educar y rehabilitar socialmente al individuo, para lo cual es menester contar con mayores recursos humanos, técnicos y estructurales de toda naturaleza, que posibiliten el alcance de los objetivos de la sociedad”, precisó Macarrulla.
