El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, calificó este martes de preocupante el auge del narcotráfico en los últimos tiempos en el país, especialmente en la regios Sur, a su entender la más afectada debido al índice de pobreza que la arropa.
Subero Isa consideró alarmante lo que está viviendo el país, no sólo por haber militares y policías involucrados en este tipo de actos, sino porque hay muchos elementos de la sociedad implicados.
Apuntó que el narcotráfico es delicado y no se puede dejar sólo en manos de militares, sino que todos los ciudadanos deben batallar contra el lavado de activos.
El presidente de la SCJ declaró que el Poder Judicial se ha puesto de manifiesto con condenas muy duras, pero los casos no son sometidos y denunciados con pruebas contundentes, y “nuestro rol no es salir y buscar pruebas, sino hay que traérnosla”.
Subero Isa habló en esos términos, luego de que el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, llamó narcotraficantes a los policías que participaron en el “tumbe”, de drogas en Azua, donde murieron un sargento de la institución y dos civiles.
El presidente de la SCJ firmó un convenio de cooperación con el Tribunal Superior de Justicia de la República Federativa de Brasil, César Asfor Rocha, quien manifestó su agradecimiento al máximo tribunal dominicano por incentivar el inicio de nuevas acciones entre ambos tribunales.
Wilton Guerrero explicó que las tres personas fueron asesinadas en un matadero, en cuya participó como autor intelectual, el primer teniente Alberto Arturo López Segura, jefe policial de La Bombita, enviado a la cárcel a cumplir tres meses de prisión preventiva.
Sostuvo que minutos antes de la balacera, donde se produjo el “tumbe” de drogas, López Segura recibió 2 millones 500 mil pesos de parte de narcotraficantes procedentes de Santo Domingo.
Este martes, se cumple un año del hecho sangriento de Paya, caso del que Guerrero viene haciendo las más delicadas denuncias. Nunca se ha sabido nada del cuerpo del delito, los 1,300 kilos de cocaína y US$15 mil. El Ministerio Público presentó formal acusación contra los 25 imputados, el pasado 15 de abril.
En la matanza de Ojo de Agua, en Paya, Baní, el 4 de agosto de 2008, murieron siete colombianos. Mientras que el juicio contra los 25 implicados sigue estancado en su fase de instrucción, debido a las alegadas tácticas dilatorias de la defensa.
En el rapto, asesinato y “tumbe” de los mil 300 kilos de cocaína participaron, de manera directa e indirecta, siete ex miembros de la Marina de Guerra, dos ex miembros de la Policía Nacional y 16 civiles, según la acusación que presentó la Procuraduría ante los tribunales de Baní.
El 4 de agosto del 2008 fueron raptados ocho extranjeros de una mansión ubicada en la carretera de Baní, luego fueron llevados a un cañaveral de Ojo de Agua, donde fueron ejecutados. A la matanza sobrevivió el nicaragüense Orín Clinton Gómez.
El 5 de agosto un guarda campestre encontró los siete cuerpos en el cañaveral. Del rapto de las víctimas hubo dos testigos, Emilio Basilio Victoria y Mercedes Carvajal, quienes eran los empleados domésticos de la casa.
