Bogotá.- Organizaciones de periodistas y partidos políticos expresaron hoy su preocupación por la situación de los medios de comunicación en Venezuela, a causa de la no renovación de licencias a emisoras, el acoso de grupos afines al Gobierno y un proyecto de ley de delitos mediáticos.
Estas nuevas reacciones coincidieron con un atentado sufrido por el canal privado Globovisión, que dejó al menos dos heridos, y con manifestaciones en Caracas de periodistas de radios que quedaron fuera del aire este fin de semana por decisión del Gobierno.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI) denunció hoy que el proyecto de ley de delitos mediáticos presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional por la Fiscalía venezolana "parece ser parte de una más amplía represión contra los medios".
Contra esa propuesta legal, que prevé penas de cárcel de hasta cuatro años para periodistas que "dañen los intereses del Estado", "provoquen el pánico" o "perturben la paz social", se pronunciaron ya la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización Internacional de Radiodifusión, Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch, entre otros.
Michael Kudlak, subdirector del IPI, solicitó a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, que rechace "rotundamente" la propuesta de la fiscal Luisa Ortega, que, a su juicio, es "otro paso en la dirección equivocada" del Gobierno de Chávez.
El IPI recordó que docenas de emisoras de radio están viendo cómo sus licencias son canceladas y que el presidente Hugo Chávez ha amenazado con cerrar el canal televisivo opositor Globovisión.
Al menos dos personas, un trabajador de Globovisión y un policía, resultaron heridas hoy cuando un grupo armado que ingresó a la fuerza a la sede caraqueña del canal, al que acusó de practicar "terrorismo mediático", arrojó dos bombas lacrimógenas.
El personal del canal responsabilizó, apoyado por imágenes de vídeo, al grupo "chavista" Unión Patriótica Venezolana (UPV) y su dirigente, Lina Ron.
"Hacemos un llamado al presidente (Chávez), acaban de asaltar" la sede del canal, hay heridos, sacaron armas de fuego (…) si el Gobierno lo que quiere es asesinarnos, acabar con nosotros hágalo de una vez", declaró Alberto Federico Ravell, director de Globovisión.
El ministro del Interior, Tarek El Aissami, condenó la acción "delictiva" y aseveró que los responsables serán llevados ante la justicia, porque el Gobierno "no acepta que la violencia sea el instrumento" para dirimir las "diferencias".
Desde Miami, la SIP condenó hoy la "violencia desatada" contra Globovisión "por intolerantes partidarios" del presidente Chávez y pidió a los gobiernos democráticos de América reprobar las acciones contra la prensa independiente de este país.
"A todos los niveles, el gobierno venezolano está tomando las previsiones legales y judiciales para (hacer) desaparecer a la prensa crítica", dijo la SIP.
Globovisión enfrenta al menos cinco expedientes administrativos por parte del ente rector de las telecomunicaciones Conatel, dos de los cuales pueden acarrearle la inmediata revocación del permiso de transmisión.
Conatel retiró del aire el pasado fin de semana a 34 emisoras de radio y televisión por no cumplir con los requisitos legales, situación que afecta a otras 206.
Una de ellas, CBM 102.3 improvisó hoy un estudio al aire libre en una plaza caraqueña, donde sus periodistas denunciaron que "en su arremetida contra la prensa", el Gobierno de Chávez ha cometido "un radiocidio".
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas Vascos (APV) reclamaron hoy la reapertura de las emisoras de radio y televisión venezolanas cuyo permiso de emisión fue rescindido el pasado sábado.
En un comunicado, ambas organizaciones denuncian que no es posible "el periodismo bueno y libre como generador de ideas y opiniones que propicien el debate y la reflexión de la ciudadanía" cuando "se ponen mordazas a los profesionales de los medios".
El Partido Socialista (PS), principal fuerza de la oposición en Francia, difundió hoy un comunicado en París el que pone de manifiesto sus "interrogantes" y su "preocupación" por la suspensión de 34 emisoras adoptada por la Conatel venezolana.
Los socialistas franceses recuerdan que "240 radios de las 900 actualmente activas (en Venezuela) podrían ser objeto de una medida idéntica" y subrayan que "el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales son los fundamentos de la democracia".
Recuerdan, además, que esa decisión "de carácter administrativo" se ha visto acompañada por un proyecto de ley que, de acuerdo con el Gobierno venezolano, tiene como objetivo regular la libertad de expresión y penalizar los denominados "delitos mediáticos".
El derecho a la crítica y a la posibilidad de transmitir todo tipo de opiniones a los ciudadanos "es un elemento constitutivo de la vida democrática" y los ataques a la libertad de expresión son una "amenaza" a la democracia, prosigue el comunicado.
En Quito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que se deberán revertir al Estado "muchísimas" frecuencias, una vez termine la nueva auditoría a un informe previo sobre la entrega de permisos para el uso de frecuencias de radio y televisión en este país andino.
