El ex ministro de Medio Ambiente de Colombia, Juan Mayr Maldonado, designado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país para evaluar la viabilidad de la cementera en Gonzalo, atentó contra las comunidades indígenas en el 2002, y de quienes recibió duras críticas.
Siendo Mayr Maldonado, ministro de Medio Ambiente de Colombia en el 2002, las comunidades indígenas le criticaron duramente haber dado permiso durante su gestión para la instalación en sus tierras de una petrolera.
En el 2002, los indígenas escenificado una batalla con el ex ministro de Medio Ambiente colombiano, enviándole, incluso, comunicaciones, una de las cuales Ramón Emilio Colombo, defensor del medio ambiente, ha puesto a circular en la República Dominicana.
Se dice que Mayr Maldonado ya voló sobre los Haitises en un helicóptero propiedad de Consorcio Minero Dominicano, dueños de la cementera, y cenó con el secretario de Medio Ambiente dominicano, Jaime David Fernández Mirabal.
“Lo que usted está haciendo no es el pensamiento de nosotros. Nosotros amamos la tierra y la naturaleza, no para el capitalismo, que los indígenas no nos beneficiamos de nada de ellos. Queremos la tierra para vivir de forma armónica con la naturaleza”, dice uno de los párrafos de la carta de los indígenas.
Los indígenas, en la misiva, les piden respetuosamente a Mayr Maldonado “si usted aprendió algo de las cosas buenas de nosotros, estamos en espera de que las ponga en práctica ahora que está de ministro nacional”.
“Queremos que nos ayude a resolver los problemas territoriales de medio ambiente y ecología, estamos asfixiados y desesperados”, sostiene otro párrafo de la carta y que se titula: “Colombia, la puerta de un genocidio patrocinado por el ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado”.
No confiamos en la tarea que haya hecho para lograr un cuerdo en el protocolo de bioseguridad, le dicen los indígenas a Mayr Maldonado.
Asimismo, acusaron a Mayr Maldonado de que “valiéndose de la tecnología del Internet realizó una amplia campaña de desinformación en lo referente a la problemática de los indígenas en varias de sus poblaciones”.
Manifiesta la misiva que “frente a la empresa Petrolera Oxidental de Colombia Mayr Maldonado hizo creer que el problema estaba solucionado, que se había surtido la consulta y concertación con los indígenas y que las justas reclamaciones de los pueblos eran expresiones de minorías o fracciones que se oponen al desarrollo del país”.
También Domingo Abreu, que se opone a la cementera, por encima de su jefe Jaime David Fernández Mirabal, puso a circular un e-mail en Internet diciendo que Mayr Maldonado todavía no se ha puesto en contacto con los técnicos que defienden los Haitises.
Además, circularon versiones este viernes dando cuenta que los asesores de la cementera en Gonzalo, Monte Plata, serían de origen colombiano, por eso es la designación de Mayr Maldonado.
El PNUD destacó que Mayr Maldonado es un reconocido experto internacional en el área ambiental y que fue vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Agregó que el ex ministro colombiano fue presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y ha presidido varias sesiones de la Convención de las Naciones Unidas para la Biodiversidad y el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Foro de Bosques.
El organismo dio a conocer que las evaluaciones del equipo encabezado por el experto colombiano iniciarán en la primera semana de agosto con la celebración de reuniones participativas.
El experto internacional estuvo en el país entre el 13 y el 15 de julio pasado, en una visita preparatoria para establecer con el PNUD los alcances de la evaluación que se llevará a cabo.
La pretendida instalación de la cementera a cargo del Consorcio Minero Dominicano ha sido objeto de una amplia oposición en sectores ecologistas y de la sociedad civil dominicana que consideran que su operación dañará el parque nacional Los Haitises, una reserva acuífera y medioambiental del país.
La disputa entre la minera y sus opositores fue llevada por estos a la justicia que ordenó la paralización temporal de los trabajos de construcción de la fábrica. A raíz de la decisión judicial, el presidente Leonel Fernández, anunció que buscaría la opinión técnica del PNUD.
El Gobierno de Fernández ha defendido la instalación de la cementera bajo el argumento de que su ubicación está fuera de los límites del parque nacional Los Haitises, ubicado al este del país.
A continuación lo que escribieron representantes de grupos ambientalistas y líderes originarios colombianos:
“Caso de los indígenas emberá katío del Alto Sinú frente a la represa Hidroeléctrica de Urrá.
Después que la Corte Constitucional ordenó la realización de la consulta bajo unos parámetros bien definidos y el cumplimiento, por parte del Estado, de una serie de obligaciones previas al llenado del embalse, el Ministro Juan Mayr dio la licencia que autoriza el llenado sin que se hubiera realizado la consulta en debida forma y sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones previas.
De tal forma que el embalse se continúa llenando, a pesar de que no se ha realizado la consulta con los indígenas brindando las garantías necesarias para que sea un proceso transparente, pues el intento que se hizo estuvo rodeado por el temor de los indígenas, motivado en que importantes líderes han sido asesinados, otros amenazados, lo mismo que sus asesores; a esto se suma el papel tan pasivo del Estado pues además de no seguir el proceso con funcionarios del nivel decisorio, manifestó que su papel era de "observador", desconociendo su obligación de ser garante de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia.
Asimismo, tampoco se ha concertado la reubicación de los indígenas que habitan en una zona que está muy próxima a ser inundada.”
Caso de los indígenas U’wa frente a las actividades de la empresa Petrolera Oxidental de Colombia.
“El Ministro Juan Mayr, expide la licencia que autoriza la prospección exploratoria a la Oxy, sin que se haya realizado la consulta con el pueblo indígena U’wa. A pesar de tener en sus manos pruebas contundentes de la afectación del proyecto al territorio tradicional U’wa y a la parte del mismo constituido como resguardo, no realizó la consulta previa, desconociendo abiertamente la normatividad Constitucional y Legal vigente en nuestro país así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En vista de que los indígenas han seguido ocupando su territorio tradicional, el Resguardo constituido y sus fincas de propiedad privada colectiva, las fuerzas militares de Colombia los han desalojado violentamente para darle paso al gran capital por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con una actitud genocida contra este y en general contra todos los pueblos indígenas de Colombia”.
