El titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla García, afirmó este martes que muchas veces su departamento se ve imposibilitado de dar seguimiento a un expediente sobre nepostimso, porque la ley no tipifica como delito.
Según el funcionario, la legislación no considera que no se incurre en delito cuando en una dependencia son nombradas de manera limitada familiares de los principales incumbentes del organismo.
“Muchas veces se presentan denuncias a través de los medios de comunicación o de manera personal, argumentándose la designación exagerada de personas con vínculos familiares con los titulares de una dependencia. El procedimiento se seguimos es investigar y determinar su se viola la ley”, dijo.
Bonilla García manifestó que algunas personas hablan acerca de la presunta inoperancia de los organismos gubernamentales que persiguen los actos de corrupción, “pero lo hacen cuando les conviene, porque si les afecta condenan cualquier acción que se haga en ese sentido”.
Como ejemplo, el director de la DPCA citó el caso de los ex funcionarios del gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, Eligio Jáquez y César Sánchez, los que se desempeñaron como Secretario de Agricultura y Adinistrador de la Corporación Dominicana de Empreseas Electricas Estatales (CDEEE).
“Cuando abrimos las investigaciones acerca de la acusación que se le imputaba, en el caso de los invernaderos y el desvío de fondos especializados por la ley de los Bonos Soberanos, para construir una autopista eléctrica, se nos acusó de desatar una persecución política”, dijo.
Sostuvo que con las más recientes acusaciones de corrupción en varias dependencias gubernamentales, Bonilla García anunció que su departamento inició una investigación al respecto, para determinar si tienen méritos para abrir un expediente acusatorio.
Por otra parte, el funcionario invitó a los interesados para que participen en una conferencia que se celebrará el próximo jueves en un hotel de la capital, en la que se debatirá si además de investigar y acusar los actos de corrupción, se faculte la DPCA a imponer las penas que conlleven las violaciones.
