Tegucigalpa.- El nuevo canciller de Honduras, Enrique Ortez, advirtió hoy que no se dejará entrar al avión en el que el depuesto presidente Manuel Zelaya pretende regresar al país.
"Con el respaldo del presidente de la República y las Fuerzas Armadas, como canciller he dado instrucciones que no dejen entrar el avión", declaró Ortez a la prensa.
La Dirección de Aeronáutica y otras autoridades "tienen instrucciones de no dejar entrar al avión, venga quien venga" en él, prohibición válida para todos los aeropuertos nacionales e internacionales del país, explicó.
Honduras tiene aeropuertos internacionales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, en el norte, La Ceiba y la isla de Roatán, estos dos últimos en el Caribe.
"Lo estamos notificando al mundo para que no vaya a morir un presidente de la República o que vaya a morir un hondureño simplemente por el capricho de una organización", subrayó Ortez, al recordar que "hay orden de captura" contra Zelaya.
Una razón del impedimento es "la prudencia, porque no podemos correr el riesgo de que empiece a correr sangre" si las autoridades intentan detener al depuesto gobernante, explicó.
"No debemos correr el riesgo entre capturar al presidente y crear un escándalo", apuntó.
La Policía hondureña ha cerrado hoy los accesos al aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa, donde el sábado se apostaron miles de seguidores de Zelaya en un "acto simbólico" para ensayar su recibimiento, y prevén esperarlo este domingo.
Zelaya ha reiterado en Washington que piensa regresar hoy a Honduras, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendiera a este país como miembro del Sistema Interamericano por no restituirlo en la Presidencia.
Este domingo se cumple una semana del derrocamiento de Zelaya por los militares y su expulsión a Costa Rica, tras lo cual el Parlamento eligió como presidente del país a Roberto Micheletti, hasta ese día jefe del Parlamento y tercero en la línea de sucesión constitucional (el vicepresidente renunció en 2008).
Según el nuevo Gobierno, Zelaya es objeto de una orden de captura acusado de delitos en relación con una consulta que pretendía celebrar el domingo anterior con la intención de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, que había sido declarada ilegal por diversos órganos del Estado.
El Gobierno de Micheletti, la Iglesia católica y otros sectores han pedido a Zelaya que desista de volver al país para evitar un derramamiento de sangre.
