La jueza titular de la Junta Central Electoral (JCE), Aura Celeste Fernández, insistió este viernes en que el Pleno de ese organismo no tiene control y no fiscaliza de manera efectiva la ejecución de su presupuesto, en violación al literal “t” del artículo 6 de la Ley Electoral.
Asimismo, indicó que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, no puede pretender colocar a los miembros titulares del organismo en el mismo plano que a los ciudadanos que solicitan informaciones específicas en base a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
Fernández sostuvo que sólo ha solicitado que se establezca un mecanismo institucional que permita a los miembros del Pleno acceder y recibir información constante, certera y detallada sobre los gastos e inversiones en que incurre la junta, situación que no ha sucedido durante los más de 2 años y medios de gestión.
“Lo que estamos solicitando es que el Pleno, en su calidad de máximo órgano, asuma con responsabilidad de una vez y por todas, distinto a como a ocurrido, la ejecución y control del presupuesto de conformidad con lo dispuesto en la Ley Electoral”, sentenció.
La magistrada recordó a Castaños Guzmán que la confianza en el manejo de fondos públicos no se deriva por el criterio de un funcionario superior, aún sea honorable o por suposiciones de buena fe. Precisó que la confianza se logra a través de mecanismos efectivos de fiscalización y control que permitan elevar los niveles de transparencia y seguridad en la utilización de los recursos.
Manifestó que al parecer no se ha entendido la gravedad del hecho de que los titulares del organismo se enteren de los asuntos institucionales, principalmente de lo presupuestarios, de manera oficiosa o a través de los medios de comunicación.
Fernández calificó como un asunto de extrema gravedad que se haya dispuesto la apropiación de fondos asignados a la Cámara Contenciosa Electoral, sin haberse agotado los mecanismos correspondientes.
“Este asunto es muy grave, ya que el mismo no se consignó de manera expresa en la agenda de la sesión del Pleno, como establece el Reglamento Interno de la JCE, sobre todo si se toma en cuenta que un millón doscientos mil dólares es una suma de gran consideración”, enfatizó la magistrada.
Reiteró que el Pleno no tiene potestad para disponer de los recursos que en el presupuesto están asignados para propósitos específicos en el manejo de una determinada cámara y si se decidiera reencausar el destino de los recursos, primero debe ser conocido en la cámara correspondiente previa convocatoria con agenda y con 48 horas de antelación.
La jueza electoral sostuvo que ha adoptado como política de no debatir los problemas internos de la JCE fuera de los órganos correspondientes. “En esta virtud dirigí una comunicación interna al Presidente y demás Magistrados de la JCE, la cual trascendió a la prensa y dio lugar a que este hiciera unas consideraciones a los periodistas que me han obligado a hacer estas precisiones” aclaró.
Externó su extrañeza por la forma en que el magistrado Castaños Guzmán recalcó su ausencia en la sesión del Pleno, en la que se trató ese tema, pese a que él sabía que su ausencia fue previamente comunicada por enfermedad y se convocó a su suplente, de conformidad con la ley y los reglamentos de la JCE.
