El Movimiento de Campesinos Trabajadores y las Comunidades Unidas (MCCU) denunció este jueves las intimidaciones de que alegadamente son objeto sus miembros en Gonzalo por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
El secretario general del MCCU, Alejandro García, informó que empleados del CEA en compañía de un contingente militar entregaron un documento de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo, adscrito al CEA, donde solicitan a los campesinos desalojar en 10 días las tierras que cultivan desde hace más de 10 y 20 años.
Dijo que el CEA quiere quitarle los terrenos para ofertárselas en ventas al Consorcio Minero Dominicano a 50 centavos de dólar.
Expresó que si el CEA les vende los terrenos al mismo precio (50 centavos de dólar) que se la ofertó al Consorcio Minero Dominicano, los campesinos le comprarían todas las tierras para acabar con las persecuciones.
Argumentó que a pesar que existen varios decretos que asignan tierras del CEA para ubicar a los agricultores pendientes de reubicación en los Haitises, como forma de preservarlo, la institución no cumple con el anhelado compromiso social.
Señaló que el documento donde se le solicita a los campesinos desalojar los terrenos, está firmado por el fiscal adjunto al CEA, Feliz Manuel Lugo Alcántara, con fecha 30 de junio de 2009”, donde se comete una grave falta a la ley 821 sobre organización judicial, ya que viola los límites de ejecutorias del Ministerio Público a la jurisdicción como establece la ley 78-03.
Afirmó que con la medida, el CEA viola las normas establecidas por ellos mismos para tratar estos casos, a la vez que desconoce los derechos adquiridos por los agricultores que cultivan en tierras de ese organismo Estatal.
“La realización de este abusivo operativo por parte del CEA, es una forma de golpear a quienes han mantenido una oposición a la construcción de la que se pretende levantar en la cercanía del parque nacional de los Haitises”, indicó Alejandro García.
García denunció que el Consorcio Minero Dominicano continúa desarrollando algunas actividades violentando la sentencia de la magistrada Sara Henríquez, juez presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo que ordenó la paralización de los trabajos o actividades de dicho consorcio hasta conocer el fondo del caso.
