Después de cuatro horas de intensos debates, el Tribunal Contencioso Administrativo se reservó este miércoles el fallo del conocimiento de las medidas cautelares para una próxima audiencia, cuyo acto será notificado por secretaría a la partes en disputas.
La magistrado Sara Henríquez Marín dio un plazo de cinco días para que las partes en conflicto presenten los documentos concernientes a la disputa entre el Movimiento de Campesino Trabajadores de la Comunidades Unidad (MCCU) y la Secretaría de Medio Ambiente y Consorcio Dominicano Estrella.
A pesar de la negación de los abogados querellantes Juan Agramante, Federico Núñez Pichardo, David Ortiz Dionisio Restituyo y Luís Moreno Cárdenas, de no otorgar más plazo a las medidas de cautelares, la magistrado determinó reservarse el fallo y otorgar cinco días de plazo a las partes.
También los abogados manifestaron a la magistrada Henríquez Marín, escuchar a la Academia de Ciencia, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros técnicos en la materia, para la conclusión final de una futura sentencia.
La magistrado solicitó a las partes en conflicto depositar los documentos relativos al caso en cinco días laborables.
El recurrimiento a la justicia es el más reciente paso del movimiento de campesinos trabajadores de las Comunidades Unidas (MCCU) incorporadas para detener los trabajos de construcción de la cementera en el parque nacional de los Haitises.
El alegato es que la ley minera prohíbe dar concesiones a este tipo de proyectos en áreas protegidas y que la misma viola varios convenios internacionales sobre protección al medio ambiente.
La construcción de la referida industria cementera en el distrito municipal de Gonzalo, en la provincia Monte Plata, ha generado controversia entre los diferentes sectores políticos y populares.
Mientras tanto los grupos opuestos a la construcción de la cementera en las cercanías del Parque Nacional de los Haitises preparan nuevos actos judiciales en el pueblo, ya que la edificación de la obra continúa a pesar de la orden de detención comunicada por el síndico Marco Tavares al Consocio Dominicano Estrella.
