Ginebra.- Cada año mueren aproximadamente 2,3 millones de personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, incluyendo 360.000 por accidentes mortales y 1,95 millones por enfermedades que comprometen igualmente la vida, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Calculados por día, "cerca de un millón de trabajadores son víctimas de accidentes en el trabajo cada 24 horas y otros 5.500 mueren como consecuencias de esos sucesos o por enfermedades".
Con ocasión de conmemorarse hoy el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la institución recalcó que, en términos económicos, esto significa que el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, es decir, 1,25 billones de dólares, se pierden a causa de los costes directos e indirectos relacionados con la siniestralidad laboral.
Ello a causa de la pérdida de tiempo de trabajo, indemnizaciones a los trabajadores afectados, interrupción de la producción y gastos médicos.
La OIT señaló asimismo que las sustancias peligrosas causan cerca de 651.000 muertes al año, la mayoría en los países en desarrollo, y que es posible que esa cifra sea aún mayor dado que en muchos lugares no se cuenta con sistemas de denuncia y notificación adecuados.
Además, "datos de varios países industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen tres a cuatro veces más probabilidades que otros de morir a causa de accidentes en el trabajo", indicó la institución laboral, que este año cumple 90 años de existencia.
Recalcó que las enfermedades pulmonares en la minería e industrias relacionadas producidas por la exposición al asbesto, el carbón y el silicio son un tema de preocupación adicional en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo.
Por sí solo, el asbesto es responsable cada año de 100.000 muertes, una cifra que va en aumento.
Sobre el impacto de la actual crisis económica mundial en este ámbito, la Organización instó a que las "medidas de ajuste y recuperación económica no devalúen la vida humana y la seguridad en el trabajo".
Advirtió de que la reducción del gasto público comprometerá la capacidad de los inspectores del trabajo y de otros servicios de seguridad.
