Los constantes escándalos de corrupción y clientelismo en la administración pública, y las declaraciones desacertadas con que funcionarios buscan justificar esas acciones, en un intento desesperado por restarle validez a los reclamos del pueblo y a las preocupaciones religiosas, deslucen al gobierno y están acelerando su desgaste.
Todavía el gobierno no se pronuncia ni castiga el clientelismo instalado por Franklyn Beltré, en la Oficina Técnica de Transporte (OTTT), haciéndose cómplice e irrespetando un pueblo ávido de que se erradique ese flagelo. También en esta institución se descubrió una serie de manejos irregulares.
Además, se conoció hace poco los términos de un conflictivo contrato grado a grado que paralizó el Boulevard Turístico del Este, y que el actual secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, suspendió el original con Perco S.A para entregárselo a Constructora JM, S.A.
La obra cayó en manos de Constructora JM bajo la modalidad grado a grado, aunque se trata de un contrato que implica una inversión de alrededor de 1,600 millones de pesos. Tampoco el gobierno se ha preocupado en referirse a esta violación de la ley.
Asimismo, en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se destapó un festival de vacaciones cobradas por su director, Enrique Martínez, y altos funcionarios de esa dependencia. Al igual se cancelaron para simplemente cobrar las prestaciones laborales, y nuevamente nombrarse en los mismos puestos.
En tanto que un número de personas residentes en Estados Unidos figuran en las nóminas del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), dependencia del Banco Agrícola. Los detalles fueron difundidos en el programa de Nuria del pasado sábado.
Esta práctica de llenar las nóminas de instituciones públicas y descentralizadas de personas residentes en el exterior ya es algo normal en el país. Investigaciones realizadas recientemente por DominicanosHoy.com revelaron lo mismo sucede en hospitales del Estado.
La mayoría de las personas que figuran en cuatro nóminas que tiene el FEDA son familiares y allegados del director, Lorenzo Fernández, incluyendo hermanos, esposa y suegra.
También el capitán José Antonio Angulo Batista, asistente del secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, está siendo investigado por varios robos de cheques. Además de que cobra un sueldo en tres organismos de seguridad del Estado.
El oficial, quien devenga 10 mil pesos mensuales de sueldo en la Secretaría de Hacienda, también es investigado sobre la construcción de una vivienda, que se dice es millonaria.
Entre las declaraciones desacertadas de funcionarios, está la de Euclides Gutiérrez Félix, Superintendente de Seguros, que acusó a “sacerdotes perredeístas” de ser los responsables de que el papa Benedicto XVI se haya referido, de manera particular a la corrupción que impera en la República Dominicana.
Además, la del doctor César Pina Toribio, secretario de la Presidencia, en la que afirma que el gobierno del presidente Leonel Fernández ha demostrado con hechos su firme voluntad de combatir la corrupción como ningún otro en la República Dominicana.
De igual forma, la insistencia del Franklin Almeyda Rancier, secretario de Interior y Policía, de atribuirle la ola protestas en el país a Miguel Vargas Maldonado y al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como si el pueblo no tuviera razones suficientes para hacer esos movimientos huelgarios.
Asimismo, círculos sociales y políticos consideran como la más grande de las aberraciones es la del propio presidente Fernández cuando mantuvo por mucho tiempo que la economía dominicana estaba blindada, mientras otros países se preparaban para lo que se avecina.
