El diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, reclamó al gobierno enviar al Congreso Nacional los acuerdos Comités Legales Bilaterales (Acuerdos CNIES), suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica en materia de vigilancia e interceptación de operaciones del narcotráfico en los espacios aéreos y marítimos nacionales.
El legislador también exhortó a las autoridades norteamericanas proceder en forma firme, leal y transparente en la lucha contra el narcotráfico, que en su opinión “no debería instrumentalizarse ni manipularse” para procurar objetivos de otras agendas regionales o insulares, como lamentablemente ha sucedido en ocasiones anteriores.
“Es importante que esos acuerdos sean conocidos por el Congreso Nacional, no solo porque así lo dispone la Constitución de la República, sino porque interesa a la soberanía e integridad territorial del Estado”, explicó.
Además, entiende es importante saber como se han venido cumpliendo, si es que se ha aplicado, y cuáles han sido los beneficios, perjuicios o riesgos que los mismos comportan.
Refirió que esos acuerdos fueron firmados en 1999, durante el primer período de gobierno del presidente Leonel Fernández, y diez años después no han llegado al Congreso.
Explicó que a partir del envío de esos acuerdos al Congreso, éste tiene la obligación de disponer una investigación sobre el flujo de información pertinente que dichos acuerdos han suministrado, si estas han sido amplias, selectivas, casuales o esporádicas, así como el número y efectividad de las operaciones de interceptación que en forma unilateral o conjunta han ordenado las autoridades a partir de esas informaciones.
Castillo afirmó que Estados Unidos sabe perfectamente que un aumento de las persecuciones y controles antinarcóticos en el corredor México-Centroamérica, provocará un incremento de los flujos de droga hacia el Caribe insular, especialmente hacia la República Dominicana, con todos los efectos desestabilizadores que ya se perciben.
La preocupa dónde conducirá ese proceso y si se puede contener o revertir con las limitadas acciones policiales o judiciales de un Estado con instituciones débiles.
Se quejó de que la cooperación internacional de los que más pueden y deben es mínima, más bien simbólica, como lo demuestran los recursos asignados al país y Haití dentro del Plan Mérida.
También reclamó al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) definir una posición inequívoca frente al proyecto de ley de interceptación área y marítima que fue reintroducido por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y que debe encabezar la prioridad de una agenda de seguridad nacional y ciudadana.
