Con el indulto a la ex vicepresidenta de negocio del quebrado Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano de Castillo, el presidente Leonel Fernández le “calló la boca” al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), porque también deja en libertad a cuatro de sus dirigentes acusados de estafar al Estado.
La medida, calificada como “insulto” en vez de indulto, ha recibido el rechazo de amplios sectores de la población, incluido el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien reveló que le resultan muy extraños los indultos que favorecieron a la señora Lubrano, así como a Milciades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Pedro Antonio Franco Badía, y Antonio Marte, incluidos en el expediente del Plan Renove. Los dos últimos son vicepresidente y encargado de asuntos de transporte del PRD, Respectivamente.
“Me resultan muy extraño esos últimos indultos hecho por presidente Leonel Fernández cuando existen muchas personas “indultables” que están presas por simplezas”, apuntó López Rodríguez, tras explicar que una gran cantidad de la población dominicana siente gran indignación por esos indultos.
El director de Departamento de Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Líster, también rechazó los indultos otorgado por el Poder Ejecutivo y fijo que con frecuencia ve acciones de las autoridades que desacierta el combate contra la corrupción en el país.
Se mostró de acuerdo con la renuncia de Huchi Lora, Nuria Piera y Fray Arístides Jiménez Richardson de la Comisión de Indultos, porque no fueron tomados en cuenta para otorgar las libertades, y expresó que si hubiera sido miembro de la misma, también habría dejado el cargo.
Otros juristas consultados por DominicanosHoy.com entienden que el presidente Leonel Fernández pone nuevamente de relajo el sistema de justicia del país.
De igual forma, Participación Ciudadana calificó el indulto de sorprendente, al tiempo que recomendó que la comisión encargada de los mismos pase a manos de la justicia, para evitar se repitan perdones como los hechos el pasado lunes por el Poder Ejecutivo.
Las condenas
La señora Vivian Lubrano fue absuelta en primera instancia; pero condenada en apelación a cinco años de prisión y el pago de RD$ 18 mil millones.
Desde la ratificación de su condena, la ex ejecutiva del Baninter no guardó ni un día de prisión y se internó en una clínica donde se le diagnosticó “ataque de pánico”. Fue dada de alta del centro médico donde se encontraba desde que supo la noticia del indulto.
Los otros cuatro indultados mediante el decreto presidencial 847-08 (Pedro Franco Badía, Antonio Marte, Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa), habían sido condenados por malversar fondos del Plan de Renovación Vehicular que envolvía unos RD$1,800 millones durante el gobierno que presidio el ingeniero Hipólito Mejía.
Antonio Marte había sido sentenciado a tres años de prisión, tras ser encontrado culpable de formar parte de una asociación de malhechores que estafó al Estado dominicano con más de 1,800 millones de pesos, a través del Plan Renove.
En el expediente del Plan Renove también se encontraban Pedro Francisco Badía, condenado a tres años de prisión domiciliaria, y Gervasio de la Rosa y Milciades Amado Guzmán.
Requisitos para los indultos
Para calificar para los indultos es necesario contar con la mitad de la pena cumplida, más un comportamiento ejemplar durante el tiempo que tenga en prisión; pero ninguno de los indultados por el Presidente contaban con esos requisitos; incluso, la señora Lubrano de Castillo ni siquiera un día estuvo en el recinto carcelario de Najayo, a donde le tocaba cumplir su pena.
Tras conocerse el decreto presidencial de los indultos el pasado 22 de este mes, cuatro de los seis miembros de la Comisión de Indultos renunciaron, ya que en su decisión jefe del Estado no se los consultó.
Los renunciantes de la comisión fueron Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, la arquitecta Marisela Vargas y los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora. En esa comisión sólo quedan un procurador adjunto, sin derecho a voto, y el reverendo Manuel Estrella.
La Comisión de Indultos la componen personas honorables sometidas al escrutinio público, a instancia de la Procuraduría General de la República.
A raíz de las críticas que han surgido por los indultos considerados irregulares, el procurador general, Radhamés Jiménez recordó que la Ley 65, que crea la Comisión de Indultos, no obliga al Presidente de la República a seguir las recomendaciones de esa organización y que es una prerrogativa, únicamente, del mandatario.
