El doctor Julio Cury se mostró opuesto a que se le sustraiga a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el control de la constitucionalidad de las leyes, y aseguró que el proyecto de reforma sometido por el Poder Ejecutivo acusa “sospechosas vaguedades”.
Dijo que aunque el artículo tercero de las disposiciones transitorias se refiere a “la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia”, y de que sus atribuciones están enumeradas bajo el capítulo referente al más alto tribunal judicial, “se trata de un desliz de los redactores, pues de lo contrario, es decir, de pertenecer la Sala Constitucional a nuestro más alto tribunal, no hubiese sido necesario especificar, tal y como está previsto en el artículo 130, que es facultad del Consejo Nacional de la Magistratura designar los integrantes de la Sala Constitucional”.
Asimismo, expresó que el proyecto individualiza la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia en ocho de las nueve menciones que se hacen de dicha sala, lo que a juicio de Cury constituye una añagaza para colar sin sobresaltos ese tribunal, “aunque los redactores no cubrieron todas las aristas, puesto que omitieron incluir entre los funcionarios que gozan de jurisdicción privilegiada a sus miembros”.
Dijo también que mientras que el artículo 138 dispone el carácter definitivo e irrecurrible de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, el 133 lo contradice al establecer que la Suprema Corte de Justicia es “el órgano superior en materia de garantías constitucionales”.
Añadió que mientras el numeral 3 del artículo 135 le otorga competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de casación, el 137 lo contradice igualmente al consagrar idéntica facultad a la Sala Constitucional respecto de las decisiones dictadas en materia constitucional, lo que según Cury no se corresponde con la autoridad suprema en el orden judicial y constitucional que el artículo 133 le reconoce a la Suprema Corte de Justicia.
El abogado expuso que al pretender enajenarle a la Suprema Corte de Justicia el dominio de la legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración pública, no se persigue otra cosa que situar al Poder Ejecutivo al margen de esos controles, lo que acentuaría, según Cury, “las arbitrariedades presidenciales, muchas de las cuales han sido declaradas inconstitucionales durante los diez últimos años”.
Llamó a los partidos de oposición y las organizaciones que representan la sociedad civil a sopesar las fatales consecuencias que pudieran desprenderse del proyecto de reforma constitucional en perjuicio de la independencia judicial, y le propuso al PRD dirigir una cruzada para defenderla.
