El propósito de ViVa es instalar una antena satelital. Los movimientos Periodistas por la Verdad “Raffy Durán”, Unitario “Juan Andujar”, Solidaridad Profesional e Intergremial y Solidaridad Periodística, calificaron de ilegal la negociación encaminada por Castillo.
Manuel Azcona, Wilson Suazo, Tomás Cordero y Rafael G. Santana, representantes de los movimientos periodísticos, advirtieron que el arrendamiento es ilegal, porque viola la Ley 10-91, sobre Colegiación.
Agregan que esto conllevaría un sometimiento ante los tribunales de la Republica a la empresa telefónica VIVA y a los miembros del Comité Ejecutivo del CDP, por daños y perjuicios a una propiedad privada colectiva.
Entienden que el CDP, como institución de derecho público, creada por una ley, debe ajustar sus acciones a los mandatos y ordenanza de sus estamentos jurídicos.
Los movimientos elevaron un recurso de oposición al contrato de arrendamiento que envuelve un acuerdo de 7 años y el pago de RD$30,000 mensuales.
