La Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) presentó este viernes una querella por ante el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) contra el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), por malversación de caudales públicos, prevaricación y violación de la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
El coordinador general de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo que Héctor Rodríguez Pimentel otorgó obras grado a grado y adéndum por encima de los montos de los contratos originales.
Unos de esos contratos es el concedido para la reparación del tifón en el canal Nizao Najayo, el cual originalmente era de RD$23, 697,097.89, luego por 120 millones 664 mil pesos con 68 centavos, totalizando la obra en 144 millones 361,127,57.
De la Rosa expresó que el contrato con el adéndum le fue entregado por Rodríguez Pimentel a la compañía DHD constructora representada por Hogo Batista Linares, para la reparación en la zona de riego de Bani.
La obra amparada en el contrato 11493 tiene por objeto garantizar el suministro de agua de riego para más de 2 mil hectáreas en las comunidades de Semana Santa, ingenio Carey y Sábana Palenque, de la provincia de San Cristóbal.
De acuerdo con el contrato firmado por Rodríguez Pimentel y Batista, la obra debía ser entregada por el responsable de su ejecución en un plazo de seis meses, sin que se haya producido la entrega.
La entidad anticorrupción incluye en su querella, las obras concebidas inicialmente con un presupuesto global de alrededor 115 millones de pesos, subieron un incremento de más de un 12% en su costo, debido a los anexos aplicados en los contratos sin que esto evite que los proyectos estén.
De esa manera la infraestructura pasa a tener un costo total hasta ahora de 365 millones, debido a los adéndum equivalentes a un monto de 250 millones.
Señaló que se trata de gastos de 66 millones sin soporte, ni explicación convincente de parte del INDRHI y de una retención de 563 millones del fondo de la hidroeléctrica Los Toros, que debe destinarse a proyectos de la provincia de Azua.
En su querella ADOCCO desarrolla otras irregularidades detectadas en el INDRHI, así como designaciones con altos salarios de personas que están designadas en otras aéreas de la administración pública.
