El penúltimo mes del año se está caracterizando por manifestaciones y repudios, principalmente en contra de la aprobación de la reforma fiscal que, lamentablemente, dejó una preciada muerte tras sí, la del joven estudiante William Florián Ramírez, de 22 años, durante protestas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
 
La semana concluyó con la movilización pacífica en el Parque Independencia de la Ciudad Colonial donde diferentes organizaciones, junto a la población en general, repudiaron, no solo que se haya aprobado el paquetazo fiscal, sino que quienes han provocado todos estos disturbios económicos y sociales mantengan la impunidad y los corruptos que han hecho realidad este caos sigan “campeando por su respeto” como si nada ocurriera.
 
Imposible virar la cara y no percatarse de lo que está sucediendo: no se trata solamente de que la Jefatura de la Policía Nacional disponga cancelaciones y envíos a la justicia de un raso y alguien más de la institución por la muerte del joven estudiante,  que amplíen las investigaciones para establecer responsabilidades y aplicar sanciones de manera individual en el caso de la muerte de la profesora Ángela Moquete Méndez, quien falleció en un centro de salud de la Capital, tras ser herida de un disparo por un agente policial durante protestas en el barrio Villa Estela por la falta de agua potable. Esto y más tienen que alarmar a la opinión pública, porque ya el país ha vivido demasiadas épocas de represiones y no es posible que quienes deben preservar vidas las violenten.
 
Las protestas no son más que expresiones de quienes no entienden por qué el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos pesa sobre sus hombros y no en los verdaderos responsables, esos que hoy permanecen ilesos e intocables.