La jueza de instrucción especial Isis Muñiz dictó tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La decisión fue adoptada tras una audiencia que se extendió por más de diez horas, en la que la magistrada rechazó múltiples incidentes planteados por la defensa.

El tribunal ordenó que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, acogiendo parcialmente la solicitud presentada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto al fiscal Andrés Mena. Inicialmente, el órgano acusador había pedido un año de prisión preventiva.

Asimismo, la jueza fijó para el 29 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción. Valdez Alcántara está adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Previo a esta decisión, la defensa había recusado a Muñiz, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud, luego de que la Suprema Corte de Justicia se declarara incompetente para conocer el recurso.

Durante la audiencia, los abogados del imputado, Albert Delgado y Valentín Medrano, presentaron diversos incidentes, entre ellos la petición de apartar a Camacho del proceso, así como la nulidad de la investigación encabezada por este y por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

También argumentaron que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, al considerar que es la autoridad competente. Otro pedimento rechazado fue permitir el acceso de la prensa a la audiencia, bajo el alegato de que el proceso debía ser público.

El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara recibió dinero en efectivo del testigo Roberto Canaán, una de las figuras clave en el caso de presunta corrupción en Senasa.

Según la acusación, la gravedad de los hechos y la posición del imputado dentro del sistema judicial representan un alto riesgo de que pueda interferir u obstaculizar las investigaciones.