La política de información trazada por el Gobierno ha logrado minimizar en la opinión pública los denunciados casos de corrupción, entre estos el que se ventila en la justicia, relacionado con las extorsiones en los pagos de cubicaciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
 
A menos de dos meses del suicidio del arquitecto David Rodríguez, ocurrido el pasado 25 de septiembre en un baño de la entidad estatal, es muy poco o casi nada lo que reseñan los medios de comunicación. Igual ha pasado con los programas de opinión donde el tema ha sido olvidado.
 
Al parecer, el gobierno ha dejado en mano de la justicia que determine el grado de culpabilidad que pueda existir contra las personas señaladas como responsables del suicidio del arquitecto, ya que era con quienes mantenía una relación de trabajo y negocio.
 
Mientras, las autoridades reprimen las voces que se levantan para exigir que se esclarezca la muerte del profesional y se propicie el combate a la corrupción administrativa.  En ese sentido se ha empeñado en impedir que grupos de la sociedad civil se expresen y realicen la llamada cadena humana en los alrededores de la Oisoe y los frentes del Palacio Nacional, para demandar justicia y el cese de la corrupción.
 
El Presidente de la República, Danilo Medina,  imbuido en el laborantismo político,  con miras a lograr su reelección presidencial, ha decidido no tocar estos temas y preferido,  de acuerdo a sus propias palabras el silencio, en el entendido de que él viene de una escuela política diferente en la cual es mejor hacer que decir.
 
El caso de corrupción detectado en la Oisoe, junto al de la fortuna del senador Félix Bautista y la  investigación del exministro de  Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, han afectado la imagen del presidente Medina, quien ha visto bajar su popularidad, como lo demuestran las últimas encuestas.
 
El senador Bautista, a quien se le acusa de malversar más de RD$27 mil millones, logró su descargo en la Suprema Corte de Justicia, que decidió rechazar una apelación a la decisión del juez Alejandro Moscoso Segarra, quien emitió un auto de No Ha Lugar  a favor del exdirector de la Oisoe.
 
En tanto que el expediente de Díaz Rúa se encuentra en un limbo jurídico a la espera de una decisión en la Suprema Corte. Se le acusa de enriquecimiento ilícito mediante la subvaluación de obras del Estado.
 
Por el caso de la Oisoe están en prisión cumpliendo medidas de coerción dos ingenieros y un abogado acusados de extorsión, asociación de malhechores y estafa.
 
Los implicados en el expediente son: Joel Soriano, Alejandro Isidoro de los Santos y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo, a quienes el arquitecto David Rodríguez acusa en una nota de ladrones y extorsionadores.
 
El suicida, había ganado un sorteo para la construcción de una escuela en el municipio de Bayaguana, y  tenía una deuda de RD$6 millones, dinero que alegadamente tomó prestado a particulares para concluir los trabajos en la edificación.
 
La baja en la popularidad del Presidente se atribuye, principalmente, a estos supuestos hechos de corrupción, escenario que  junto a su apatía para enfrentarla empañan su gestión, puesto que el pueblo observa incoherencia en su pensamiento político, al no aplicar su teoría de que es mejor “hacer que hablar”.