Ningún tema relacionado con la vida, seguridad y derechos humanos es soslayable, y de igual manera cuando se habla del oficio del periodista, que en 2014 dejó un total de 128 asesinatos en 32 países, según el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC), hay que detenerse y reflexionar muy seriamente.
Tampoco años anteriores fueron mejores para quienes trabajan con el lente y las letras. Israel fue el país con mayor número de víctimas, un total de 16 periodistas ultimados durante la ofensiva militar en Gaza; Siria se ubica en segundo lugar; Pakistán en tercero y la cuarta posición entre territorios con mayor peligrosidad la ocupa Irak. Siguen otros como Ucrania y de la América nuestra, México está en primer lugar y le sigue Honduras; también Brasil y Colombia se nombran entre esas naciones donde este ejercicio es sinónimo de riesgos y muertes; y, lamentablemente, aparece República Dominicana y El Salvador, no solo con un asesinato, sino con el concepto del peligro que se cierne sobre quienes integran el gremio.
En los últimos cinco años, desde 2010 a 2014, unos 614 periodistas fueron asesinados, o sea 123 por año, lo que es igual a una media de 2,4 por semana, tal y como resume el informe antes mencionado, que reclama “un instrumento internacional que supla los déficit de justicia en la mayoría de los países donde suceden los mencionados asesinatos”.
Aquí, en la nación dominicana, muchas voces se han alzado en defensa de quienes ejercen el periodismo y, particularmente, en estos días instituciones y organizaciones políticas han llamado al presidente Danilo Medina a disponer de todas las medidas pertinentes para asegurar la integridad de los periodistas Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Roberto Cavada y Amelia Deschamps, quienes denunciaron las amenazas y actos de intimidación de los cuales han sido objeto, “proferidos por personas y grupos que pretenden imponer la ley mordaza a quienes no estén de acuerdo con sus criterios o intereses”.
Garantizar el ejercicio de la libertad de prensa en el país, significa no solo salvaguardar la vida de estos colegas y otros tantos que han sufrido y sufren censura por su trabajo; se trata, además, de respetar la Constitución en todo su contenido íntegro, valedero e impostergable.
