El mayor general José Armando Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional aseguró que no habría “vacas sagradas” en el caso del asesinato del teniente coronel Virgilio Casilla Minaya y que se le daría una respuesta adecuada a la sociedad, conforme con el trabajo realizado por la institución que dirige y el Ministerio
Público.

Del dicho al hecho han transcurrido largos “culebrones” de una tenebrosa telenovela que no concluye, ni define la esencia verdadera que condujo a tan abominable hecho. La policía esgrime versiones disímiles y nada queda claro con el crimen del coronel Casilla.

En el mismo camino de violencia, asesinatos y atracos, uno de los asaltantes del Banco BHD, ubicado en la calle Rómulo Betancourt con la Privada,  fue identificado, por lo que se esperan los resultados en la investigación. Todavía se indaga la muerte del guardia presidencial, familiares del sector La Zurza piden que se esclarezcan los terribles hechos  y ya se habla de nuevos casos que investigar en actos de violencia pública.

La realidad es que el denominado “exclusivo sector de la capital”  Bella Vista, donde se halla el citado Banco BHD, se integra a los más vulnerables en estos tiempos, aún cuando  existe un gran número de negocios en el lugar y se plantea que  la presencia policial es mínima.
 
Bella Vista, Guachupita, Los Cacicazgos, Herrera…Da igual, en realidad no existen diferencias entre la manera en que aflora la violencia en barrios residenciales o contiguos, ninguno puede calificarse como seguro, porque la policía no puede sustituir un desarrollo económico y social que adolece, como asegura el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Celedonio
Jiménez. "… no se ha ido a las raíces del problema, al fondo de los problemas mediante esos programas, planteándose supuestas soluciones que enfatizan en acciones propias de un estado policíaco".

¿Aletargamiento y diversificación en las investigaciones policiales? ¿Excesiva fragilidad en el sistema de justicia y situaciones de impunidad? ¿Consecuencias de las carentes oportunidades de empleos? ¿Amodorramiento y posposición de ese
dinero que debe invertirse en una educación imprescindible?

En 2010, hubo más de 2,500 muertes violentas en el país, según datos de la Procuraduría General de la República, la mayoría eran jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 34 años. La realidad cotidiana grita que así no puede continuar la sociedad dominicana, porque los programas para garantizar su seguridad hasta el momento, sencillamente, han fracasado.