El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) consideró que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor una vez concluya el período de vacatio legis, al tiempo que instó al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a corregir las disposiciones que, a su juicio, aún presentan deficiencias.

Mediante un comunicado divulgado este lunes, la organización indicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley para introducir modificaciones al texto, por lo que exhortó a que esa iniciativa sea remitida al Congreso Nacional “sin dilación”.

La entidad sostuvo que corresponde al Poder Legislativo corregir los aspectos cuestionados de la normativa y afirmó que los ajustes deberían realizarse antes de que la legislación comience a aplicarse plenamente.

No obstante, Participación Ciudadana destacó que el nuevo Código Penal representa un avance al incorporar alrededor de 70 nuevas tipificaciones delictivas, entre ellas delitos relacionados con la violencia de género e intrafamiliar, los ciberdelitos, los delitos financieros y de corrupción, así como figuras penales como el genocidio, el sicariato, el secuestro y la obstrucción de la justicia.

Asimismo, valoró que la legislación fortalezca los mecanismos para combatir la corrupción y proteger el patrimonio público, al ampliar las conductas sancionables y extender a 20 años el plazo de prescripción de las infracciones contra los bienes del Estado.

En materia de libertad de expresión, la organización reiteró que la difamación, la injuria y el ultraje deberían ser despenalizados, al considerar que esa medida está en consonancia con estándares internacionales y favorece la democracia, el derecho a la información y el ejercicio periodístico.

PC recuerda decisiones del Tribunal Constitucional

Participación Ciudadana también recordó que el Tribunal Constitucional ya ha emitido decisiones sobre aspectos vinculados a las tres causales para la interrupción del embarazo, por lo que entiende que esos criterios deben ser considerados dentro del proceso de reforma del Código Penal.

El pronunciamiento se produce en medio del debate generado por la nueva legislación, que ha recibido observaciones de diversos sectores por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y por mantener fuera del texto las tres causales para la interrupción del embarazo.

Mientras algunos grupos apoyan que la ley entre en vigor y sea modificada posteriormente, otros plantean que las correcciones deben aprobarse antes de su aplicación.