Bajo el lema “¡Que la dignidad comience por casa!”, jueces, juezas y servidores judiciales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva alzaron su voz para denunciar las difíciles condiciones laborales dentro del sistema judicial, señalando escasez de personal, salarios rezagados, deterioro de infraestructuras y gastos millonarios de la institución en asuntos que consideran innecesarios, como un árbol navideño valorado en 11 millones de pesos.

A través del documento “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo expresó su preocupación por el desgaste acumulado y las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que aseguran desempeñar sus funciones.

Los firmantes sostienen que la administración de justicia no puede depender únicamente del compromiso y sacrificio personal de quienes integran el sistema judicial.

“La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad”, señala el manifiesto.

Sobrecarga laboral y salarios rezagados

Entre las principales denuncias, los jueces y servidores judiciales afirman que la falta de personal obliga a que un mismo empleado o magistrado asuma responsabilidades correspondientes a dos, tres y hasta cuatro personas.

También cuestionaron que los salarios actuales han quedado desfasados frente al aumento constante del costo de la vida y consideran que las remuneraciones no corresponden con el nivel de responsabilidad que implican sus cargos.

Asimismo, advirtieron sobre una constante salida de personal administrativo, atribuida al agotamiento laboral y las condiciones de trabajo dentro de la institución.

Deterioro de tribunales y desigualdad interna

El manifiesto también denuncia el deterioro de las instalaciones judiciales en distintos puntos del país y la falta de condiciones adecuadas en varios palacios de justicia.

Uno de los aspectos más críticos del documento apunta a las diferencias salariales y presupuestarias dentro del propio Poder Judicial. Los manifestantes señalaron que determinados funcionarios administrativos y secretarios vinculados a la alta dirección perciben salarios significativamente superiores a los de jueces y juezas titulares.

De igual forma, criticaron que, mientras numerosos tribunales operan con limitaciones básicas, las altas instancias administrativas manejan presupuestos destinados a viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e incluso contrataciones de influencers.

Según expresaron, esta disparidad refleja una desconexión entre las necesidades reales de los tribunales y las prioridades del manejo interno de la institución.