Tras el anuncio de huelga por parte de jueces y servidores judiciales en demanda de mejoras laborales, diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad jurídica han externado su preocupación al respecto, este día legisladores se unieron a esa inquietud por considerar que la paralización en el sistema de justicia podría traer consecuencias ya que un pilar fundamental de la democracia y un servicio público esencial.

Al abordar el tema el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz planteó que las reivindicaciones salariales del sector judicial podrían discutirse dentro de la formulación presupuestaria de 2027, argumentando que el presupuesto actual ya está comprometido.

“Todo el mundo quiere vivir con dignidad y alguien que tenga una responsabilidad digna como ellos evidentemente que tiene todo su derecho, pero eso debieron haberlo hecho antes que se sometiera el presupuesto, porque de cara a este año es un poco cuesta abajo”, precisó.

El diputado Luis Gómez afirmó que los jueces deberían intentar una conciliación antes de ejecutar una suspensión de labores y consideró que el contexto actual obliga a todos los sectores a actuar con prudencia.

Mientras que el diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia Sánchez Ramírez, pese a que consideró como válida las reclamaciones salariales sostuvo que el Poder Judicial debe buscarle una salida a esa situación y consideró que además se necesitan más jueces en esa alta corte.

De su lado, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ratificó su llamado a todos los abogados, jueces, servidores judiciales y sectores comprometidos con la defensa institucional de la justicia a participar este jueves, a las 10:00 de la mañana, en una concentración-protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, en respaldo a los jueces del país y en demanda de soluciones urgentes ante la crisis que, según afirma la entidad, afecta gravemente al Poder Judicial dominicano.

El anuncio fue reafirmado por el presidente del CARD, Trajano Potentini, quien sostuvo que la situación actual del sistema judicial requiere respuestas inmediatas y decisiones responsables por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Potentini expresó que las denuncias públicas realizadas por jueces de distintas jurisdicciones constituyen “la verdadera evaluación de desempeño” de la gestión encabezada por Luis Henry Molina al frente del Poder Judicial, debido a que han puesto en evidencia los problemas estructurales, administrativos y operativos que afectan el funcionamiento de los tribunales.