La propuesta de reducir en un 50 % los fondos destinados a los partidos políticos fue planteada durante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader la semana pasada, y será remitida al Congreso Nacional para su evaluación.
El anuncio lo hizo el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien explicó que la modificación a la Ley de Presupuesto será sometida a partir del 1 de julio.
Actualmente, el financiamiento público a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos asciende a RD$1,620 millones, según lo establecido en la Ley 99-25. La propuesta del Gobierno busca reducir ese monto a la mitad, lo que implicaría que organizaciones que hoy reciben cerca de RD$144 millones mensuales pasen a percibir unos RD$72 millones durante el segundo semestre del año.
Rijo Presbot indicó que esta medida forma parte de un ajuste fiscal que procura que los partidos también contribuyan ante la situación económica. “Se trata de un esfuerzo compartido para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores más vulnerables”, señaló durante una entrevista en el programa “El Día”, transmitido por Telesistema.
Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo entre diversas organizaciones políticas, que la califican como una medida populista y autoritaria. Alegan que actualmente algunos partidos ya reciben entre un 48 % y un 50 % de los recursos presupuestados, por lo que una nueva reducción implicaría recortes de hasta un 25 % del monto original.
Dirigentes políticos advierten que la propuesta podría afectar el funcionamiento del sistema de partidos y debilitar la estabilidad democrática. En ese sentido, Javier Ubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, sostuvo que “no se trata de un sacrificio de los partidos, sino de un riesgo para la estabilidad política, social y económica del país”.
Por su parte, sectores de partidos minoritarios como Alianza País plantean que cualquier reducción debe aplicarse de manera proporcional, en función del financiamiento que recibe cada organización, para evitar mayores desequilibrios dentro del sistema político.
