El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, compareció este viernes ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar su defensa material en el marco de la Operación Camaleón.

El proceso lo vincula, junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a presuntos delitos de estafa contra el Estado, lavado de activos, terrorismo y sabotaje de infraestructuras críticas.

La audiencia es presidida por la magistrada Yanibet Rivas, en un caso que ha experimentado varios aplazamientos desde su presentación y que gira en torno a contratos superiores a RD$1,317 millones destinados a la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Durante su intervención, Gómez intentó desmontar la acusación de estafa con un argumento basado en la relación entre inversión y pagos recibidos. Aseguró que tanto él como sus socios invirtieron más de RD$1,100 millones en la adquisición de equipos e instalación del sistema, mientras que los pagos del Estado ascendieron a unos RD$263 millones.

“Esto es simple matemática. 263 millones de pesos es menor a 1,100 millones. No es posible otro resultado”, expresó al rechazar los señalamientos en su contra.

El imputado sostuvo que la inversión fue asumida completamente por el sector privado, incluyendo personal, tecnología, infraestructura y equipos, y afirmó que esta realidad fue reconocida por las propias autoridades. Indicó además que posee el 50 % de participación en la estructura societaria del proyecto, mientras que el resto corresponde a otros socios, y que no gestionaba directamente las operaciones financieras.

En relación con el colapso de la red semafórica ocurrido en agosto de 2024 —que provocó un caos vial en importantes vías del Gran Santo Domingo—, Gómez atribuyó la situación a decisiones de las autoridades, quienes, según dijo, intentaron intervenir el sistema sin contar con el conocimiento técnico necesario ni aceptar la colaboración de su equipo.

Afirmó que él y su personal trabajaron de forma continua durante la emergencia, manteniendo comunicación hasta las 4:00 de la madrugada para evitar mayores consecuencias. Explicó que la falla se produjo tras la desconexión de nodos de comunicación de un sistema centralizado, acción que, aseguró, se realizó pese a advertencias previas.

Asimismo, calificó de inconsistentes las acusaciones del Ministerio Público sobre presuntos actos de sabotaje.

Como parte de su defensa, cuestionó el informe técnico que sustenta la acusación, elaborado por el propio Intrant, institución que figura simultáneamente como víctima, querellante y actor civil en el proceso. Gómez puso en duda la imparcialidad del documento y señaló que fue firmado por personas que, según alegó, han emitido críticas públicas en su contra en redes sociales.

A pesar del proceso judicial, el empresario afirmó que el servicio nunca fue interrumpido y reveló que el Estado dominicano mantiene una deuda superior a RD$700 millones por concepto del contrato. Explicó que continuaron operando para evitar la paralización de un servicio público esencial, dado que el Estado era su único cliente.

En cuanto a las acusaciones de lavado de activos, sostuvo que las autoridades conocían los montos percibidos por la empresa y continuaron realizando pagos incluso después de iniciada la investigación. Añadió que las compañías involucradas cumplieron con sus obligaciones fiscales.

Gómez también denunció la inmovilización de bienes familiares como parte del proceso, incluyendo propiedades adquiridas años antes de los hechos investigados y que, según afirmó, no guardan relación con el caso. Entre estas mencionó un terreno en Jarabacoa adquirido mediante financiamiento bancario.

Finalmente, recordó que en octubre de 2025 el Ministerio Público ejecutó la incautación preventiva de su residencia en la torre Lo Global, en Santo Domingo, medida que su defensa ha calificado de ilegal.